El estado de emergencia impuesto en Turquía desde hace nueve meses como respuesta al intento de golpe de estado del pasado 15 de julio terminará en unos tres meses, según el responsable de la Dirección General de Información y Prensa turca, Mehmet Akarca.
«El estado de emergencia no durará mucho», afirmó Akarca, que es asesor especial del primer ministro turco, Binali Yildirim, en un encuentro con periodistas extranjeros.
Consultado cuánto es poco respondió: «unos tres meses».
El estado de emergencia acaba de renovarse por tres meses, con lo que en julio se cumplirá un año desde que fue establecido.
En esos 90 días, Ankara considera que habrán concluido los procesos de depuración de supuestos miembros de la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien el gobierno turco acusa de haber orquestado el fallido golpe de Estado.
«El objetivo es deshacernos de ellos (los gülenistas) y cuando lo hayamos logrado, el estado de emergencia podrá levantarse», afirmó Akarca.
Tras la intentona golpista, el Gobierno turco ha emprendido una serie de purgas de supuestos miembros de la cofradía que se ha saldado hasta la fecha con unos 150.000 despedidos, 40.000 detenidos, entre ellos 120 periodistas, y un centenar de medios de comunicación clausurados.
Respecto a estas purgas, Mehdi Eker, vicepresidente para Asuntos Internacionales del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que «todo se ha hecho cumpliendo con la ley».
«Todo se ha hecho cumpliendo con la ley, hasta la fecha no ha habido ninguna queja de nadie que esté bajo custodia o detenido o en prisión y que se queje de malos tratos o de tortura», aseguró Eker.
Varias entidades de derechos humanos han denunciado torturas y malos tratos a los detenidos desde la asonada, y la Unión Europea (UE) ha criticado en varios momentos e instancias la deriva que ha tomado el país en los últimos meses.
Precisamente, el Tribunal de Apelaciones de Atenas rechazó hoy extraditar a los últimos dos oficiales turcos del grupo de ocho que huyó de su país tras la asonada militar en verano pasado, a pesar de las nuevas alegaciones presentadas por el Gobierno de Ankara, que les sigue acusando de golpismo.
La Corte estimó que no se podía descartar la posibilidad de que de ser extraditados los militares pudieran ser sometidos a torturas.
«No es justo y no es digno de un país amigo. Las extradiciones no se deberían rechazar porque los argumentos esgrimidos no son válidos», subrayó uno de los principales líderes del partido gobernante de Turquía.
En la misma línea, Eker defendió el estado de emergencia, y dijo que el mismo «no es contra los ciudadanos, sino para permitir al Estado solventar los problemas burocráticos para poder poner en orden el país».