Se trata de la misma comisión que según declaró la semana pasada en el juicio del caso Palau, Jordi Montull, número dos del Palau de la Música, quien reconoció que Ferrovial pagaba comisiones del 4 por ciento por la adjudicación de obras.
Durante su declaración en la tercera sesión de juicio, «Luigi» ha explicado que se acordó que cobraran dicha comisión por presentarles a Proyecto Inmobiliario Valiant, sociedad que adquirió dos fincas que previamente el acusado había comprado conociendo que el terreno iba a revalorizarse.
El Ministerio Fiscal, que pide para él la condena máxima de ocho años de cárcel y una multa de 22,6 millones de euros, precisa en su informe que se trató de un operativo por el cual City Actividades Inmobiliarias -propiedad del cabecilla– adquirió las citadas fincas a sabiendas de que se iba a producir «una importante modificación urbanística» y aprovechándose de su vínculo con el entonces alcalde de la localidad catalana, Víctor Ros.
Para financiar la compra, Luigi utilizó parte de los beneficios que obtuvo en la operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet -en la que actuó como mediador de la venta de un terreno para la construcción de un centro comercial, un hotel y viviendas– y paralelamente negoció con el consistorio la modificación urbanística, hechos que niega afirmando que él no ha influido en ningún pliego, modificación o adjudicación ilícita de la trama.
Con la operación, Luigi obtuvo un beneficio de cerca de 800.000 euros, según el informe de la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que le atribuye un enriquecimiento ilícito total de 5,8 millones de euros por las operaciones Pallaresa, Niesma Badalona. En esta última también participaron Prenafeta y Alavedra, en calidad de mediadores percibiendo, igualmente, el cobro de una comisión del 4%, según ha contado el acusado, que ha defendido el carácter lícito del acuerdo entre las partes.
García Sáez ha sido el cuarto de los once acusados de la trama en responder a las preguntas del tribunal de la Sala de lo Penal en el marco del juicio que arrancó el pasado lunes tras más de ocho años de instrucción iniciada en 2008 por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.