Víctimas del GAL y de otros grupos de la extrema derecha como el Batallón Vasco-Español o la »Triple A», a las que la Audiencia Nacional está denegando las indemnizaciones como damnificadas del terrorismo, han anunciado que recurrirán estas resoluciones judiciales ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, y si es necesario, llegarán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao por la Fundación »Egiari Zor», Ane Muguruza, hija de diputado de HB Josu Muguruza, asesinado en Madrid en 1989 por un grupo de extrema derecha, ha denunciado que la AN «haga suyos» los argumentos del Ministerio del Interior de que los familiares de estas víctimas estaban «vinculados» o «pertenecían al mundo de ETA», y para ello, no se precise de una sentencia condenatoria firme, sino que se base en «meros» informes policiales.
En la comparecencia ante los medios de comunicación, además de Muguruza, han estado presentes la familia de Jon Lopategi, asesinado por el Batallón Vasco-Español en el año 79; Feli Ziluaga, herida en el año 1976 al ser tiroteada junto a su hijo de 14 meses por el Batallón Vasco-Español, y viuda de Tomás Pérez Revilla, fallecido tras ser herido gravemente por el GAL en el año 84; el hermano de Sabin Etxaide, también muerto a manos de los Grupos Antiterroristas de Liberación en el año 1985; y Lurdes Oñederra, hermana de Ramón Oñederra, asesinado por el GAL en el año 1983.
Ane Muguruza y Ainara Esteran ha procedido a la lectura de un comunicado, en euskera y castellado, en el que han criticado los autos de la Audiencia Nacional por los deniegan las indemnizaciones «a las familias de asesinados por el terrorismo de Estado».
En este sentido, han recordado que la argumentación esgrimida por el Ministerio del Interior a la hora de negárselas, aludía al artículo 8 del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos, «y acusaba directamente» a sus familiares asesinados de estar «vinculados» o de «pertenecer al mundo de ETA».
A su juicio, ésta es «una instrumentalización falsaria del propio convenio porque, para que exista prueba de vinculación a ETA u organización dedicada a perpetrar delitos violentos, tal como recoge el Convenio, la misma debe fundamentarse, cuando menos, mediante sentencia judicial en firme».
Tras apuntar que la Audiencia Nacional «hace suyos los argumentos del Ministerio de Interior, es decir, que da por bueno el criterio de que no hace falta una sentencia judicial condenatoria en firme para probar que estas personas asesinadas pertenecían a ETA», ha indicado que este tribunal considera «suficiente un informe policial o de la Guardia Civil, realizado en el año 2012, como prueba de la pertenencia a ETA» de sus familiares.
En este sentido, han señalado que se trata de «informes policiales elaborados por los Cuerpos a los que pertenecían los asesinos». «Toma, por tanto, una decisión que choca frontalmente con los más elementales principios de la práctica judicial», ha asegurado.
También creen que esta decisión va «contra el principio de igualdad y no discriminación entre víctimas, y vulnera, entre otros, el principio de legalidad y seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva».
«Como hemos dicho anteriormente, nuestros padres, hermanas, hijos, han sido acusados de un grave delito, basándose en informes policiales realizados décadas después de haber sido asesinadas», han apuntado.
En este sentido, consideran que «la acusación arrojada contra quienes fueron asesinados por las balas de GAL, del Batallón Vasco-Español o »Triple A», es gravísima, mas aún cuando, desgraciadamente, estas personas no pueden defenderse de tales acusaciones por estar muertas».
«Grave resulta que la Audiencia Nacional española se contradiga otorgando validez como elemento objetivo probatorio a un mero informe policial, cuando, en otros casos, como por ejemplo en el de Angel Etxaniz Olabarria, la propia Audiencia, en su auto, ha demostrado la falsedad de los informes de la Guardia Civil que le relacionaban con ETA-PM, resolviendo favorablemente para la familia», han añadido.
SIN DERECHOS COMO VÍCTIMAS
En este sentido, califican de «graves» las consecuencias de esta decisión de la Audiencia por la que, «una vez más, se anulan sus derechos como víctimas del terrorismo». «Una vez más nos arrojan sal en las heridas, nos vuelven a golpear y se vuelven a reír, no sólo de nosotros, sino, lo que es más sangrante aún, se ríen de los asesinados por el terrorismo de Estado», han indicado.
Muguruza y Esteran han manifestado que «parece que los asesinados por la guerra sucia no merecieran reparación; es más, humillan a la víctima acusándola de un delito». «¿O es que, quizá, se pretenda así justificar su asesinato?», se han preguntado.
A su juicio, es «muy preocupante el fondo de esta decisión», ya que demuestra que «el Estado no está por la labor de reconocer el dolor y sufrimiento generados en su nombre, el daño irreparable ocasionado desde los aparatos del estado, no sólo en ámbito de la guerra sucia, sino también por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, y en la práctica sistemática de la tortura».
«Quieren un relato monolítico, único y oficial de lo sucedido, por encima y a pesar del sufrimiento de muchas, muchísimas personas, de asesinatos, torturas, heridas, etc. Quieren minimizar al máximo las consecuencias que en materia de Derechos Humanos han ocasionado distintos aparatos vinculados al Estado. Quieren el monopolio del sufrimiento porque es la única fórmula que respaldaría la tesis que pretenden imponer, la de que aquí la única violencia ejercida ha sido la de ETA», han indicado.
Tras asegurar que, ni para ellos ni para el Estado, se trata de «una cuestión económica», ha subrayado que, en el fondo de este tipo de decisiones, subyace «la denominada batalla por el relato».
«Tenemos que decir que la memoria y la dignidad de nuestros seres queridos está por encima de cualquier reparación económica; que seguiremos luchando por su memoria y su dignidad, pero también, y sobre todo, para que nadie más tenga que pasar por el calvario que a nosotros nos ha tocado vivir», han aseverado.
RECURSOS
Ane Muguruza ha señalado, además, que su pretensión es recurrir ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, y su fuera necesario, llegarán a Estrasburgo.
«Nuestra intención y la de los abogados es seguir adelante hasta que nos den la razón. Sabemos que el Estado español no nos va a dar la razón y, si nos la dan fuera, nos la tendrán que dar, porque sabemos que la tenemos», ha manifestado.
Muguruza ha recordado que la Audiencia Nacional ha denegado, a través de sendos autos, además de su recurso, el de las familias de Joxean Lasa, asesinado por el GAL en el año 1983; de Jon Lopategi, muerto a manos del Batallón Vasco-Español en el año 1979; de Ramón Orbe, herido de gravedad por el GAL en el año 1984; de Justo Elizaran, asesinado por el Batallón Vasco-Español en 1979; de Rafael Goikoetxea, asesinado por los Grupos Antiterroristas de Liberación en 1984; de Mikel Goikoetxea, muerto también por el GAL en 1984; de Iñaki Etxabe, asesinado por la extrema derecha en 1975; de José María Etxaniz, asesinado por el GAL en 1985; y de Ramón Oñederra.
Asimismo, ha apuntado que han sido estimadas las demandas interpuestas por los familiares de Ángel Etxaniz, de Felipe Sagarna, de Jokin Altimasbere y de Luis María Elizondo, asesinados en 1980 por el Batallón Vasco-Español. Todavía quedan recursos pendientes de respuesta.