El máximo órgano consultivo del Gobierno, el Consejo de Estado, ha provocado una auténtica tormenta política con un informe en el que achaca al ministerio de Defensa del accidente del Yak- 42. En él murieron 62 militares españoles al estrellarse hace 13 años. Según el texto, podría haberse evitado si se hubieran atendido los informes sobre la escasa seguridad de los aviones utilizados.
El PSOE ha pedido el “cese fulminante” como embajador de España en Reino Unido del entonces ministro, Federico Trillo. El presidente, Mariano Rajoy, ha restado importancia al informe porque el asunto ya ha sido judicializado. La Justicia no puede actuar ya en base a ese informe, que tiene, por tanto, solo carga política y simbólica.
La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en el año 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno queda ya en prisión. El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitantes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.
Las familias y el PSOE piden su cese como embajador
“Que pidan perdón y se cese a Trillo en la Embajada en Londres y los responsables que siguen en activo. Y que investiguen más”, ha dicho a Europa Press el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, Miguel Sencianes.
Por ello, la asociación ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que les reciba y pueda “escuchar a las familias”, pero también para que les comunique cuál va a ser su posición tras el informe del Consejo de Estado.
“Hubo negligencia. La contratación del avión fue ilegal”, ha afirmado Sencianes, quien ha insistido en que el Consejo de Estado ha confirmado lo que las familias de los militares fallecidos llevan diciendo más de una década. “No queremos dinero, queremos que se haga justicia. Alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas”, ha manifestado.
Tras casi 14 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares han recibido compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn –6,2 millones de euros–; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones –10.000 euros para cada familia afectada–.
El PSOE ha exigido el “cese fulminante» de Trillo. A través de la cuenta en Twitter del grupo socialista en el Congreso, el PSOE reclama que el Gobierno destituya de manera urgente a Trillo como embajador. También piden los socialistas las comparecencias urgentes de los ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
El presidente quita relevancia al informe
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado hoy desconocer el dictamen pero, en todo caso, ha apuntado que «eso ya está sustanciado judicialmente».
«¿Han sacado un dictamen sobre esto? No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar, ¿no?», ha señalado a la prensa al ser preguntado al respecto en su habitual caminata por la Ruta da Pedra e da Auga, en la provincia de Pontevedra, y ha agregado que la tragedia referida «ocurrió hace muchísimos años».