Según el acta de liquidación de este organismo, consultada por Europa Press, estos hechos son calificados provisionalmente como presuntamente irregulares, ya que no efectuaron esa retención en concepto de penalización.
El presunto alcance se establece de manera previa y provisional en 89.184 euros a los que hay que sumar los correspondientes intereses legales, hasta llegar a los 105.038 euros. La instructora del caso llega a hablar de «negligencia» en las actuaciones, ya ordenaron el pago de la factura total aunque se estaban tramitando acciones judiciales, algo que «no tiene sentido».
Esta actuación se inicia en virtud de una denuncia del actual secretario general del ente público, Francisco Medel Cárceles, presentada en noviembre de 2016 y en la que puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, detallando que el retraso en la finalización de las obras se tasó en 48 días, a razón de 1.858 euros por día de retraso.