El Supremo ha dado cinco días a las defensas y a las acusaciones personadas en la causa del «procés» hacia la Declaración Unilateral de Independencia para que informen sobre el recurso que Jordi Sànchez (JxCat) ha presentado para salir de prisión y poder acudir al Parlament a su sesión de investidura.
El plazo citado terminará en los primeros días de la semana que viene, posiblemente el lunes, y después se convocará una fecha para la deliberación. Es decir, no es posible aclarar en esta fase del procedimiento el momento en el que se producirá un fallo sobre este recurso.
El tribunal que revisa las decisiones del juez del caso abierto por el «procés», el magistrado Pablo Llarena, está integrado por los magistrados del Supremo Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde.
Ellos son los que deben decidir. Pero esta sala tiene ya varios recursos pendientes de resolución en la causa, entre ellos el que presentaron el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el propio Sánchez contra el auto de Llarena que no les dio permiso para acudir a votar al Parlament, tras las elecciones catalanas, de modo que tuvieron que delegar su voto en otros diputados autonómicos.
En su recurso, Sànchez pedía que se revocara la resolución de Llarena de impedir que acuda al Parlament y que «se le otorgue a la mayor brevedad posible el permiso interesado».
Fuentes del Supremo informan de que la Sala decidirá sobre el permiso y también sobre el mantenimiento de la prisión provisional para el imputado. La resolución de Llarena respondía negativamente a ambas cosas, y como ese es el auto recurrido, son ambas cuestiones las que serán revisadas.
El juez Llarena, después de haber escuchado al fiscal, decidió el pasado viernes, siguiendo el mismo criterio apuntado por el Ministerio Público, que Sànchez no debía salir de permiso para acudir al pleno de investidura que estaba convocado el lunes para votar su investidura como presidente de la Generalitat. Además, decidió mantener su situación de prisión preventiva.
Ambas decisiones se basaban en el riesgo de reiteración delictiva que aprecia el magistrado por diversas razones, entre ellas los indicios de conducta delictiva que ve en Sànchez y el hecho de que él haya mantenido su posición contra la Constitución.
Al conocer esa decisión, el Parlament aplazó la convocatoria del pleno previsto para ayer lunes para debatir y votar la investidura de Sànchez.