Fuentes de Sanidad han explicado a Europa Press que se trata del primer borrador que ha sido enviado a las comunidades autónomas para una primera valoración, con lo que, recuerda, «aún puede cambiar mucho».
Así, el proyecto excluye, además de a los »sin papeles», a aquellos que superen los 100 mil euros, teniendo en cuenta la totalidad de los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales sujetos a gravamen.
En el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con liquidación tributaria en España, que no hayan tributado a la Seguridad Social se tendrá en cuenta el importe consignado en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El objetivo de ésta, y otras medidas incluidas en el proyecto, es completar el marco normativo vigente y establecer un régimen jurídico «más adecuado» que permita definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria pública a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, «y regular un mecanismo de reconocimiento de dicha condición que resulte de aplicación tanto a los españoles como a los ciudadanos de otras nacionalidades».
«Es necesario no sólo mantener sino también reforzar la sostenibilidad del modelo sanitario», afirma, de modo que puede «protegerse» frente a las diferentes amenazas que pudieran quebrantarlo.