El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha considerado al Partido Popular (PP) responsable civil subsidiario por el pago en negro de las obras de su sede a la empresa Unifica, según consta en un auto en el que propone juzgar a seis personas por la »caja B» de la formación, entre ellas sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Así consta en un auto dictado en el que el magistrado transformar las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y propone que sean juzgados por estos hechos, además de los dos exteroreros, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, que llevó a cabo la reforma de la sede »popular», Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
El juez, que también archiva la causa contra 22 empresarios que, según la contabilidad B de Bárcenas, realizaron donaciones al PP, considera «indiciariamente acreditado» que el PP «se sirvió durante 18 años, desde 1990 hasta al menos 2008, de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas».