El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha expresado su voluntad de «colaborar plenamente con la justicia belga siguiendo la orden europea de arresto emitida por España».
Lo ha hecho saber en un mensaje de Twitter en el que, en neerlandés, ha hablado en plural, lo que presumiblemente hace extensiva su proposición a los consellers cesados que se encuentran también en Bélgica: Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje
— Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017
No obstante, la Fiscalía federal belga todavía no ha designado aún un juez de instrucción que se ocupe de las cinco órdenes europeas de detención y entrega emitidas por España.
Eric Van der Sijpt, portavoz de la Fiscalía, no ha querido aclarar si ha habido ya contactos para acordar la entrega del expresidente autonómico a las autoridades belgas, pero ha recordado que sus abogados han mostrado públicamente esta voluntad de cooperación.
La Fiscalía ahora tiene que nombrar al juez de instrucción que citará a los acusados y tendrá 24 horas para decidir si la petición de detención y extradición se ajusta a derecho o si hay alguna «causa de rechazo» para denegar la euroorden, como por ejemplo que los buscados sean menores o que haya riesgo para los Derechos Fundamentales.
Este magistrado deberá también decidir si Puigdemont y los exconsellers son enviados a prisión o quedan en libertad sujetos a condiciones que impidan su huida, como la retirada de pasaporte o la vigilancia electrónica.
Si el juez concluye que las euroórdenes son ejecutables trasladará entonces el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.
Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.
La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.