El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont debe demostrar que no va a tener un juicio justo en España para lograr la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la crisis catalana, dijeron hoy a Efe expertos en Derecho Europeo.
«Dudo mucho que pueda convencer a la Corte de que no va a tener un juicio justo en España, alegando que miembros de su Gobierno están en prisión, o que Madrid le quiere juzgar por delitos políticos», explica el jurista holandés Rick Lawson, especializado en la Convención Europea de Derechos Humanos.
En caso de que el próximo viernes la Justicia belga decida extraditar a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bruselas, éstos «tendrán que acatar la decisión del tribunal» y defenderse en España en el proceso judicial abierto en su contra.
Para Lawson, es «comprensible» que a Puigdemont «no le guste la idea de volver a España y realmente esté convencido de que no va a tener un juicio justo allí», pero «objetivamente no tiene pruebas» de que eso vaya a ser así.
El propio Puigdemont informó de que, en caso de no lograr frenar su extradición en Bruselas, recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que Madrid violará sus derechos básicos.
Sin embargo, el Convenio Europeo por el que se rige ese tribunal no regula el asilo ni la extradición, ni tampoco los delitos políticos, sino que recoge los derechos humanos básicos que los países miembros deben respetar, como tratar dignamente a las personas en su territorio.
Por ejemplo, la Convención afirma en su artículo 3 que ninguna persona podrá ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y, según diferentes expertos consultados por Efe, «no existen pruebas de que eso haya ocurrido o que vaya a ocurrirle» a los políticos catalanes huidos.
«Si tan malas fueran las condiciones carcelarias en España o hubiese antecedentes de trato inhumano en ese sentido, entonces habría otras denuncias anteriores contra España. La existencia de precedentes también influye en la Corte», explica Lawson.
Los cargos que enfrenta Puigdemont están relacionados con el «delito político», lo que no es jurisdicción de este Convenio, firmado por los países europeos, incluida España.
«Si realmente no obtiene un juicio justo, y la Justicia española le niega el derecho a una defensa, a un abogado, o le aplica leyes no vigentes, entonces sí podría ir a Estrasburgo. Antes no tiene mucho sentido», afirma.
El artículo 39 del Reglamento de la Corte es el que contempla la toma de medidas cautelares -que podría pedir Puigdemont para «evitar el juicio»-, pero estas únicamente son aplicables «cuando está en riesgo la vida de una persona», según el Convenio.
A pesar de que el expresidente de la Generalitat haya dicho que no tiene intención de pedir asilo en Bélgica, también podría cambiar de opinión ante una decisión desfavorable para él por parte de la Justicia belga.
El experto en leyes europeas de asilo Stefan Kok explicó a Efe que «la clave está siempre en preguntarse si hay o no persecución demostrable» y en su opinión, Puigdemont «tiene muy difícil justificarlo, simplemente aludiendo a que cree que no tendrá un juicio justo».
Kok subraya la necesidad de pruebas «que a primera vista no parece que se tengan», para lograr que Bélgica conceda el asilo a una persona que está siendo juzgada en un país europeo, y reitera que también «debería demostrar ese peligro que alega», para que la TEDH exija a Bruselas que no le deporte a España.
Lawson recuerda que este tribunal europeo «no es una Corte de apelación» y que los casos «pueden llevar años hasta resolverse» y obtener una sentencia.
«Si Bélgica decide extraditarlo, Estrasburgo no va a parar eso. La Justicia belga ya habría tomado una decisión. El tribunal europeo puede, como mucho, regañar a Bélgica y decirle que no tenía que haberle deportado», agrega.