«El señor Llarena tiene derecho a defenderse, porque tiene derecho; lo que me ha sorprendido es que lo haga con dinero público», ha declarado Puigdemont a la prensa en Waterloo, horas después de que se celebrara la primera vista de la demanda en un juzgado de Bruselas.
En la audiencia, la defensa de Llarena ha solicitado el aplazamiento hasta el próximo 25 de septiembre para permitir al Reino de España personarse en la causa y también ha rechazado que los Tribunales belgas tengan competencias sobre la justicia española.
Sobre este asunto, Puigdemont ha dicho que no quería hacer valoraciones «de tipo técnico» que le corresponde hacer a abogados y jueces, pero sí ha querido subrayar que el Gobierno asumirá una factura de «más de medio millón de euros» para que un bufete belga defienda a Llarena.
«No deja de sorprenderme que, una demanda que cuando la interpusimos fue objeto de toda clase de ridiculizaciones y menosprecios (*), ahora haya movilizado a los mejores abogados y exigido la movilización de más de medio millón de euros del erario público para defender a un particular», ha resumido el político catalán.
A su juicio, esta circunstancia «significa que hay base para esta demanda» y que los demandantes tienen derecho a presentarla.