El PSPV-PSOE ha pedido para el exconseller de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco 15 años de prisión y 42 de inhabilitación, y una multa de 2,1 millones, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en el Caso Cooperación.
El PSPV-PSOE, personado como acusación en la causa que investiga el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat Valenciana para la cooperación internacional entre 2008 y 2011, ha pedido las penas máximas para los nueve procesados en la pieza separada cuya instrucción ha concluido, la apertura de juicio oral y la devolución a la Generalitat del dinero desviado.
La pieza separada investiga las subvenciones que la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía concedió a la Fundación Cyes, por importe de 1,8 millones de euros, para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros, mientras que el resto se destinó a sociedades del supuesto cabecilla de la trama, el empresario Augusto César Tauroni.
Al exconseller y actual diputado autonómico del PP Rafael Blasco, el PSPV le atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, por el que pide un año de prisión, multa de 1,9 millones de euros e inhabilitación especial de cargo público por 6 años, y delito continuado de prevaricación, por el que pide inhabilitación especial de 10 años.
También le considera responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos, con 8 años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta, y de un delito continuado de falsedad documental, penado con 6 años de prisión, multa de 292.000 euros e inhabilitación especial por 6 años.
Al empresario Tauroni, el PSPV le atribuye los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de caudales públicos, por lo que piden 15 años de prisión, 20 de inhabilitación, multa de 5,1 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas durante 6 años.
Para Marcial López, expresidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) -no confundir con la constructora del mismo nombre- el PSPV pide multa de 5,1 millones de euros, 7 años de prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas durante 6 años.
A la ex secretaria general de Administración de la Conselleria Agustina Sanjuán, el PSPV le atribuye los mismos delitos y pide las mismas penas que para Blasco.
En rueda de prensa, la presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, ha manifestado que el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no debe esperar «ni un segundo más» para expulsar a Blasco del grupo popular de Les Corts Valencianes y le ha instado a tomar una decisión y demostrar que tiene capacidad para «imponer su decisión».