Así lo ha señalado este jueves el vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Sevilla tras reunirse con los secretarios generales de los sindicatos CC.OO. y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente.
«Cuando las instancias judiciales se pronuncian en estos términos, lo único que hay que hacer desde fuera es acatar la decisión», ha argumentado Jiménez, que, además, ha querido apelar a la «memoria» de «todo el mundo» para reivindicar la labor del Gobierno andaluz en este caso, ya que fue, ha remarcado, «el que lo denunció».
A su juicio, ello constituye «una prueba absoluta de la incompatibilidad que existe entre el Ejecutivo socialista andaluz y la corrupción, esté donde esté y alcance a quien alcance». «El que pueda decir lo mismo, que levante la mano», ha apostillado.
De esta manera, el »número dos» del PSOE andaluz ha explicado que «la Junta denunció en cuanto conoció que se pudiera estar cometiendo una irregularidad, puso en conocimiento de la Fiscalía lo que estaba ocurriendo y le trasladó la información de la que disponía», que es la que, ha añadido, «ha permitido llegar hasta aquí».
Ese modo de actuar, para Jiménez, es «absolutamente distinto» y se sitúa «en las antípodas desde el punto de vista ético» del comportamiento «de los gobiernos de la derecha».
Por último, el vicesecretario general del PSOE-A ha querido dejar claro que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, declarado culpable por el jurado, si bien fue militante socialista, «actualmente no tiene ninguna relación» con el partido.