El PP ha presentado una enmienda a los textos sobre corrupción registrados por PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el marco del Debate sobre el estado de la Nación con idea de alcanzar un acuerdo para la votación de las propuestas de resolución que tendrá lugar este martes en el Pleno del Congreso. Como novedad, el PP acepta la idea del PSOE de que una comisión de expertos independiente elabore un informe sobre la regeneración democrática para su posterior remisión al Parlamento.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los ‘populares’ ya han abierto negociaciones con el PSOE y CiU para explorar la posibilidad de este eventual acuerdo, conversaciones que se prolongarán hasta este martes y que podrían alargarse hasta el mismo momento de la votación.
De momento, ha habido un acercamiento importante entre el PP y CiU, dado que las enmiendas que ambos grupos han planteado en esta materia son muy similares. Por su parte, tanto PSOE como Izquierda Plural y UPyD han renunciado a presentar alternativas y defenderán sus propios textos, sin cerrarse a trabajar por el consenso.
En concreto, tanto el PP como CiU abogan en sus respectivas enmiendas por un «pacto ético» contra la corrupción y hacen suya la idea del PSOE para que una comisión independiente «formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social» elabore un informe sobre regeneración democrática que después sea remitido al Parlamento.
Eso sí, el PP quiere que esa comisión sea «coordinada» por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el órgano que depende del Ministerio de Presidencia y al que el Ejecutivo ya ha encargado propuestas en este sentido.
EL FUTURO DE LAS DONACIONES PRIVADAS
‘Populares’ y nacionalistas catalanes también defienden que la futura Ley Orgánica de Control de Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se incluya un mandato para que las formaciones políticas envíen sus cuentas al Tribunal de Cuentas «en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran», también en la línea de lo propuesto por los socialistas.
Sin embargo, mientras que el PSOE aboga por eliminar las donaciones por parte de empresas y demás personas jurídicas, el PP y CiU defienden esta futura ley se analice el «tratamiento de las donaciones a los partidos políticos», pero sin especificar en qué sentido.
MAS CONTROL PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS
También piden reformar la ley por la que se rige el órgano fiscalizador de manera que se le dote de más instrumentos de control, más medios y de fórmulas de colaboración con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Oficina de Conflicto de Intereses. En este punto, CiU puntualiza que esa mejora en los mecanismos de control han de permitir al tribunal «optimizar» su capacidad de respuesta en el «tiempo adecuado».
Respecto al Estatuto del Cargo Público anunciado por el presidente del Gobierno y recogido por el PP en su resolución, los nacionalistas catalanes apuestan por que éste afecte sólo a los que prestan servicio en la Administración General del Estado.
Ambos coinciden también en la conveniencia de reformar la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de contratación con el sector público de todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción.
Asimismo, comparten la oportunidad de reforma el Código Penal para endurecer las sanciones por corrupción y, entre otras cosas, la incorporación de los delitos de financiación ilegal y enriquecimiento «injusto», según el PP e «injustificado», según el texto de CiU, de los cargos públicos electivos. Igualmente, plantean cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e la línea propuesta por Rajoy, para agilizar los procedimientos para la persecución de este tipo de delitos.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Además, PP y CiU sugieren incluir a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en la Ley de Transparencia. Sin embargo, mientras que los nacionalistas también quieren que afecte a «las instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público», sin citar expresamente a la Corona –como sí hacen PSOE, IU-ICV y UPyD–, el PP se limita a hablar de «entidades que se financian esencialmente a través de dinero público».
Asimismo, sugieren que el Congreso estudie cómo regular los grupos de influencia o ‘lobbies’, el establecimiento de un procedimiento concreto para dar publicidad a las declaraciones de la renta, actividades y bienes y nuevas medidas contra el transfuguismo político.
También ponen sobre la mesa la conveniencia de acometer reformas para facilitar el impulso y tramitación de las iniciativas legislativas populares y la puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales cuya creación se aprobó en la anterior legislatura, pero que nunca se constituyó. Respecto a este último punto CiU reclama que la oficina se active de forma «inmediata».