«Podemos abandonó la comisión porque decía que se estaban tratando propuestas estéticas y buscaban el cambio, pero cambio hemos sabido que poco, salvo el casoplón, eso sí que ha sido cambio», ha señalado la diputada del PP aludiendo a la compra de un chalet por parte de la pareja que forman los diputados Pablo Iglesias e Irene Montero.
Según Escudero, a Podemos le siguió el pasado mes de febrero Ciudadanos, que abandonó la Subcomisión por la puerta de atrás alegando que querían despolitizar la Justicia «y es mejor estar calladito y no comprometerse, no sea que las encuestas vayan a bajar», mientras que el PSOE lo hizo el día que iban a aprobarse 103 propuestas concretas.
Por ello ha justificado la presentación de dichas propuestas por parte del Grupo Parlamentario Popular y ha pedido su opinión al ministro de Justicia sobre el hecho de que asociaciones de jueces y fiscales hayan aprobado 14 de ellas.
Por su parte, Rafael Cartalá ha agradecido a la diputada popular traer al Pleno del Congreso de los Diputados una «reflexión objetiva» sobre lo ocurrido en la Comisión y ha recordado que los profesionales de la Justicia están planteando la necesidad de reformas legislativas y dotarse de mejores medios y tecnología. Ha añadido que tanto el Gobienro como el grupo parlamentario del PP están comprometido con estas reformas.
PRIORIDADES DEL MINISTERIO
«Por eso el proyecto de ley de presupuestos generales va a dotarnos de recursos, como 300 nuevas plazas de oferta de empleo público de jueces y fiscales y 3.700 plazas de funcionarios, de tal manera que tengamos más y mejores profesionales en nuestra Justicia, y también se reformarán las sedes de la justicia con 50 millones de euros», ha recordado Catalá.
Para Catalá es importante también contar con medios tecnológicos, y para ello ha recordado que si los presupuestos se aprueban tendremos 131 millones para ello, a lo que ha añadido que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) abordará entre otros aspectos «la transparencia en los nombramientos del CGPJ y la regulación del tráfico entre la política y la justicia».