El PP fundamenta su petición en el deber de la Mesa de no admitir a trámite iniciativas parlamentarias contrarias a la Constitución, ya que consideran que la propuesta es «manifiestamente inconstitucional».
Además, afirman que la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP elude la suspensión y la nulidad de determinados actos parlamentarios acordada por el Tribunal Constitucional, puesto que este tribunal dictó una auto el 8 de noviembre declarando inconstitucional y nula la proclamación de la independencia.