Un grupo de opositores retuvo durante varias horas a dos policías en la ciudad de San Cristóbal (oeste de Venezuela) para pedir a cambio la liberación de un hombre detenido en las protestas antigubernamentales, informó hoy el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab.
Los dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana estuvieron «rodeados» durante más de diez horas en una vivienda del Barrio Sucre de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, explicó Saab en su cuenta de la red social Twitter.
Los opositores, que rodearon la casa el viernes, pedían a cambio de dejar salir a los agentes la liberación de Omar Marino, detenido en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Saab indicó que, tras la mediación de la Defensoría del Pueblo con los manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana, elemento de la Fuerza Armada para el orden público, «fue lograda salida de ambos uniformados» hacia una sede policial.
Añadió que el ciudadano por quien los manifestantes «planteaban canje» continúa detenido por orden judicial, por lo que negó que se hubiera producido el intercambio.
Los opositores cumplen hoy cinco semanas de protestas en las calles de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo, acusado de servir al chavismo, se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y considerada por aquellos la única institución democrática del país.
La escalada de la tensión y la presión en las calles, con un saldo de 39 muertos, se disparó cuando Maduro anunció el inicio de un proceso para redactar una nueva Constitución, como la «única» manera de conseguir la paz, lo que ha sido visto por sus detractores como un golpe de Estado y una manera de buscar perpetuarse en el poder.
La ONG Foro Penal Venezolano, que se ha encargado de la defensa de buena parte de los manifestantes detenidos, cifra en 2.045 los arrestos practicados desde el 1 de abril cuando se iniciaron las protestas, de los cuales 693 siguen privados de libertad.
Además, afirma que 208 civiles han sido presentados ante tribunales militares entre el 4 de abril y el 10 de mayo, procesos criticados por la oposición porque considera que buscan burlar el debido proceso.