Nicaragua acusó hoy a Costa Rica de pretender incumplir con una ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al anunciar que enviará personal civil para «evaluar la situación» a una zona limítrofe en disputa.
El canciller nicaragüense, Samuel Santos, envió hoy a su homólogo costarricense, Enrique Castillo, una nota en la que, además, rechaza una denuncia de San José que sostiene que Managua ha abierto dos nuevos canales fluviales en la zona en el Caribe sobre la que ambas naciones mantienen una disputa en la CIJ.
En esa nota, Santos indica que la misiva de protesta que Castillo le dirigió el martes dice que «en el curso de esta semana (…) estará enviando personal para la protección ambiental a fin de evaluar la situación del humedal» de ese territorio, lo que motiva la acusación de hoy.
Según Nicaragua, Costa Rica hace una «antojadiza interpretación de las medidas establecidas» por la CIJ en su ordenanza del 8 de marzo de 2011 al pretender enviar personal civil a ese lugar.
«Costa Rica insiste en realizar notificaciones de último momento a Nicaragua en un intento superficial de disfrazar su incumplimiento de la ordenanza de la Corte», denunció.
La CIJ ordenó a Costa Rica y Nicaragua que no envíen ni estacionen fuerzas militares y policiales, tampoco civiles, en el lugar conocido como Isla Portillos, por San José, y Harbour Head por Managua, zona que ambos países se disputan en el fronterizo río San Juan.
Como excepción, los jueces indicaron que Costa Rica podrá enviar personal civil encargado de «proteger el medio ambiente (…) pero solamente cuando sea necesario para evitar un daño irreparable en los humedales», lo que, para Nicaragua, no es el caso.
En esos casos, San José deberá consultar de forma previa con personal de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y de notificar a Managua sus actuaciones.
Para Nicaragua, «sorprende sobremanera» que Costa Rica alegue una necesidad de «evaluar la situación» del territorio en disputa ya que se han producido «importantes cambios en su naturaleza», en vista de la última decisión de la Corte de rechazar su solicitud de modificar las medidas provisionales presentadas por San José.
El 16 de julio pasado, la CIJ rechazó sendas solicitudes de Costa Rica y Nicaragua para modificar su decisión de marzo de 2011 que les impidió enviar personal a la zona y en particular la orden a las partes de «abstenerse de todo acto que pudiera agravar o extender sus discrepancias».
«En razón de lo anterior, la intención de Costa Rica de enviar personal al área en disputa pone en entredicho la verdadera intención de su Gobierno al realizar esta visita de campo», agregó Santos en la misiva.
Costa Rica anunció el martes que enviará a la zona, de muy difícil acceso, a un grupo de especialistas de conservación medioambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para que confirmen los hechos en el sitio y contar con más pruebas.
Nicaragua explicó que la zona en disputa es un área pantanosa interconectada con una serie de caños históricos que ha sido reconocido por Ramsar y que al estar en época de lluvias intensas es «normal» que se altere el nivel de aguas en toda esa área.
«Por consiguiente, no sería de extrañar que el aspecto de algunos caños pueda haber variado en los últimos meses», explicó Santos, quien sostuvo que el Gobierno de Managua «no ha autorizado que se efectúen trabajos de cualquier tipo en el área en disputa, ni ha enviado personal a esa zona».
El canciller nicaragüense advirtió, no obstante, que «esta nueva escalada verbal» de Costa Rica parece «tener por propósito insertarse en la campaña orquestada por otros países de la región», en alusión a Colombia, «en contra de Nicaragua».
La CIJ tramita en un solo caso una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por supuesta invasión de territorio y daños ambientales en el territorio que ambos reclaman como propio en el Caribe, y otra en la que Managua acusa a San José de causar daños ambientales al río San Juan.