El Pleno del Congreso dará luz verde, cuando al final de la sesión se vote, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que prevé que las inversiones del Estado sean equivalentes al peso de la población por un período de siete años.
Es la tercera vez que se debate, por las consecutivas disoluciones de las Cortes en el último año, y como en el resto de las ocasiones, ha contado con el respaldo de todos los intervinientes.
En la tribuna una delegación de las instituciones valencianas, incluido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han asistido al intenso debate.
Por parte de Las Corts Valencianas, ha defendido el proyecto el diputado del PSPV, Manuel Mata, quien ha señalado que después de veinte años de gobierno del PP ahora están convencidos de que «la senda que hemos emprendido es la correcta», pero necesitan mejores infraestructuras y financiación.
Fran Ferri, diputado de Compromís, ha coincidido con Mata en la necesidad de reivindicar «unas inversiones justas» y ha pedido que se acabe con la discriminación» en infraestructuras y financiación.
Isabel Bonig, parlamentaria autonómica del PP, que ha recordado que la reforma fue impulsada por su partido, ha pedido tener los mismos recursos que el resto de comunidades, al margen de cuestiones del pasado y del victimismo, y ha rechazado a los que apelan a esos conceptos, en referencia a los nacionalistas.
Además, les ha recriminado su incapacidad para «gestionar el presente y proyectar el futuro» y ha recordado que fue el PSOE quien aprobó el actual sistema de financiación en 2009, aunque ahora «se rasgan las vestiduras por la infrafinanciación» en la comunidad.
Gerardo Camps, del PP, ha negado que exista un informe que apunte que la corrupción allí haya costado 4.000 millones al erario público como ha dicho Ciudadanos.
Ha ironizado sobre lo que se quejan de que esta iniciativa haya pasado ya tres veces por el pleno en el último año y que sean los mismos que han bloqueado la investidura e impedido que se apruebe esta reforma estatutaria.
Para el portavoz del PP, si la Comunidad Valenciana lidera ahora el crecimiento y la creación de empleo es por las políticas de su partido, y no por el actual Ejecutivo valenciano.
Desde el PSOE, Julián López Milla, ha asegurado que esa autonomía está ahora «renaciendo» después de dos décadas de «despilfarro, prepotencia y abuso» de los gobiernos del PP.
Tiempo durante el que, a su juicio, el PP acudió «dopado» a las elecciones gracias a las comisiones ilegales que percibió el partido por contratos públicos.
En esta misma línea, Ángela Ballester, de Unidos Podemos, ha insistido en que el fuerte endeudamiento que tiene actualmente la comunidad tiene su origen en la corrupción de los gobierno del PP.
Para Joan Baldoví, de Compromís, el retraso en aprobar la reforma ha supuesto que la comunidad dejara de percibir más de 1.679 millones de euros, además de no contar con otros servicios que tienen Madrid y Barcelona, como los contratos-programas, por lo que ha considerado que el PP «ha sido una plaga para los valencianos».
Joan Tardá, de ERC, ha dicho que «después de decenios de ofrecer glorias a España», España paga «con el expolio económico» a la Comunidad Valenciana y ha puesto varios ejemplos de las balanzas fiscales que perjudican a este territorio.
«Y el PP -ha añadido- ha sido el brazo armado de este efecto expoliador», aunque ha recordado que fueron los socialistas los que aprobaron el actual sistema de financiación autonómica.
El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha insistido en que el acuerdo firmado con el PP y su partido tiene medidas que mejoran la gestión de la educación, sanidad y dependencia, aunque ha reconocido que la comunidad recibe una peor financiación para sus servicios.
Ha cifrado en 4.000 millones el «agujero» por corrupción en la comunidad y echado en cara al tripartito actual que no haga nada.