El requerimiento les pedía no iniciar, tramitar, informar ni dictar ningún acuerdo o actuación para un debate de investidura de Carles Puigdemont (JxCat) como candidato a presidir la Generalitat que no respetara las medidas cautelares del TC, y les avisaba de posibles responsabilidades, incluida la penal.
Según JxCat, la orden de impedir o paralizar iniciativas parlamentarias dirigida al presidente y al resto de la Mesa de una asamblea legislativa es «una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de constitucionalidad», y también argumentan que el acto que se impugna es obligado y tasado según el Estatut, y constituye un acto parlamentario de trámite.
También dicen que el requerimiento va dirigido a personas que no tienen intervención directa alguna en los actos que se impugnan, y que la indicación del TC, sin sentencia previa, limita «gravemente» derechos de los diputados.
«Las medidas cautelares constituyen una monstruosidad jurídica», sostienen en las alegaciones, y consideran que se pretende vetar y de facto inhabilitar para la Presidencia del Govern a un diputado que cumple todos los requisitos para ser elegido y tiene los apoyos parlamentarios necesarios.
Añaden que se intenta impedir un debate de investidura «que está legalmente tasado, y no permitir una votación parlamentaria perfectamente establecida, cosas que en ausencia de cobertura legal podrían ser hasta delictivas».
Y apuntan que el requerimiento «atenta gravemente contra el bien jurídico protegido por la inviolabilidad parlamentaria, pues sin cobertura constitucional o legal alguna se pretende bloquear la libre formación de la voluntad del Parlament».