La formación Junts per Catalunya (JxCat) y la entidad no independentista Sociedad Civil Catalana (SCC) plasmaron hoy en Berlín sus perspectivas contrapuestas de la crisis catalana, mientras la Justicia alemana aún analiza la petición de extradición a España del expresidente Carles Puigdemont.
Los diputados de JxCat abordaron con Puigdemont las posibilidades de que prospere una investidura antes del plazo límite, el 22 de mayo, en una jornada en que la SCC había abierto su gira europea en contra del «discurso falaz independentista», en palabras del presidente de la entidad, José Rosiñol.
La reunión entre el expresidente y la treintena de parlamentarios de su formación concluyó sin anuncios en ese sentido, ya que según señaló el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Eduard Pujol, no se planteó otro candidato a la presidencia de la Generalitat.
«Hoy no se ha puesto otro nombre sobre la mesa», afirmó Pujol, quien aclaró que el partido no quiere «apurar todos los plazos», aunque sí analizar «todas las opciones».
«Esto no es una especie de Operación Triunfo. Esto no es un programa de televisión donde eliges una opción u otra en función del aplauso del público», manifestó Pujol ante medios de comunicación.
Puigdemont, agregó, cuenta con la «legitimidad absoluta» y «fuera de duda» de los resultados electorales de diciembre y JxCat aspira a encontrar el «mecanismo» que permita que vuelva a ser investido.
Indicó también que su partido no se guía por el calendario ni quiere «apurar los tiempos», sino explorar «sin prisas» todas las opciones, con la «voluntad» de formar un Ejecutivo para Cataluña.
«Vamos a llegar a tiempo para tener un presidente y un gobierno», destacó el portavoz adjunto, quien dijo percibir «muy lejos» unas hipotéticas nuevas elecciones en Cataluña, para apuntar que su partido estaría dispuesto a exhibir «generosidad y flexibilidad».
Agregó que la reunión, que combinaba «política parlamentaria y exilio», sirvió para estudiar «opciones legales y políticas» y analizar «muy precisamente todos los momentos y movimientos de la vida política, incorporando cuestiones judiciales, políticas, civiles y sociales, poniéndolo todo sobre la mesa».
Pujol expresó su desconfianza ante el Gobierno de Madrid y sus palabras de que retirará la aplicación del artículo 155, una vez que Cataluña tenga presidente y gobierno: «No sé si fiarme demasiado de quienes dijeron que respetarían el resultado electoral», dijo.
Casi en paralelo, el presidente de la SCC, José Rosiñol, y la vicepresidenta la entidad, Miriam Tey, se reunieron con representantes de medios alemanes y grupos de opinión para tratar de contrarrestar la versión de la crisis catalana del independentismo.
«Vemos que el independentismo intenta trasmitir un relato falaz y una perspectiva nacionalista, pese a no estar respaldados por una mayoría social», apuntó Rosiñol, tras una serie de contactos, entre ellos con miembros de la conservadora Fundación Konrad Adenauer.
El independentismo de Puigdemont «ha hecho calar una visión victimista» de su situación, añadió, hasta «trastocar» la realidad y hacer ver que políticos «huidos de la justicia» son «exiliados» y de que en España hay «presos políticos», cuando son «políticos presos».
La gira europea de la SCC seguirá por Bruselas, Luxemburgo, Londres y Edimburgo y se dotará a la entidad de una «estructura estable» en Berlín para agilizar sus contactos con los medios.
«Es importante que Europa vea que hay catalanes que sí defienden la Constitución y el estado de derecho», apuntó Rosiñol, entre lo que se cuenta el «profundo respeto a las decisiones judiciales», sean de tribunales españoles como alemanes.
Mientras tanto, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein espera al «próximo paso» de la Fiscalía General de ese estado federado alemán para decidir sobre la petición de extradición de Puigdemont, quien fue detenido al entrar en Alemania, 25 de marzo pasado.
La jueza y portavoz de ese tribunal, Frauke Holmer, señaló a Efe que el caso está en manos del Fiscal General, que deberá decidir si presenta una nueva petición de extradición por rebelión y malversación de fondos públicos.
La jueza precisó que el delito de rebelión «no ha quedado descartado» y que el escrito de la Fiscalía, que se reunió en La Haya con fiscales españoles la pasada semana, podría incluir a petición por esta causa, y no sólo por malversación.
«Sinceramente, si no se presentan nuevos hechos, tampoco cabe esperar que la sala se pronuncie de otra manera» a como hizo el 5 de abril, cuando desestimó la extradición, dejó en libertad a Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros y requirió información adicional sobre el cargo de malversación, añadió.