García Rubio ha indicado que el objetivo del informe »El desarrollo de la alternativa económica en el nuevo contexto político» es «desvelar las verdades políticas del Partido Popular».
La derogación de la ley orgánica de estabilidad financiera o un plan de lucha contra el fraude y la economía sumergida, con la supresión de la amnistía fiscal o situar en 1.000 euros el límite de las operaciones de pago en metálico, son algunas de las propuestas reflejadas en el informe de la secretaría de Economía de IU.
Asimismo, IU ha reiterado la necesidad de un acuerdo de fuerzas políticas y sociales para un plan de choque por el empleo y la cohesión social.
«Se debe dedicar atención especial a los procesos evidentes de desintegración social como consecuencia de la crisis: parados sin prestaciones, pobreza o desempleo juvenil», ha indicado García Rubio.
En cuanto a los activos inmobiliarios en poder de las empresas inmobiliarias segregadas, el informe de IU considera que deben ser «territorializados». Así, como ha señalado García Rubio, se propondrá que las comunidades autónomas creen Empresas Públicas de Gestión de Vivienda Social.
«Como método prioritario consideramos un Programa de Vivienda Social en usufructo, que podría ser financiado con cargo al Plan de Viviendas 2012-2015 y la emisión de cédulas hipotecarias. Esos activos deben ser utilizados para dar una salida a la escasez de vivienda social existente en España», ha concluido.