Preguntado en rueda de prensa por la multiplicación de los ingresos de Urdangarín desde la creación del Instituto Nóos, Centella ha dicho no haberse sorprendido porque «cada vez es más evidente que ha habido una utilización en beneficio propio del entramado de la Casa Real para beneficiarse de la familia».
«Es evidente que Urdangarín se ha beneficiado claramente de sus relaciones con la Casa Real, que ha utilizado en beneficio propio todos sus contactos y posibilidades, y por eso está en los juzgados», ha reiterado.
Partiendo de esa convicción, Centella no entiende que «el aparato del Estado se haya puesto al servicio para evitar que declare como imputada» la esposa de Urdangarín, la infanta Cristian, hija menor del Rey. «Lo que nos sorprende es que el Estado, en lugar de demostrar que la Justicia es igual para todos, se empeñe en ponerla bajo sospecha», ha añadido.
APRENDER LA LECCIÓN DEL FIASCO
En similares términos se ha pronunciado el catalán Joan Coscubiela, quien subraya «el fiasco que supone la autorización del entorno del Rey para el aprovechamiento de una persona» y emplaza al Gobierno a aprender la lección impulsando una Ley de Transparencia «que no excluya nada ni a nadie de la necesidad de dar cuenta del buen uso de los recursos públicos».
«Si alguien es capaz de multiplicar su patrimonio aprovechándose de la estructura de la Jefatura del Estado, se pone de manifiesto que tenemos un sistema de Jefatura del Estado obsoleto por falta de transparencia y porque incentiva la impunidad del jefe del estado y su entorno», sostiene.
En ese sentido, cree que el Gobierno, además de exigir responsabilidades penales a quien ha podido cometer delitos, «debe tirar adelante» y abandonar la «obstinación» de seguir con «propuestas placebo» en materia de transparencia que «mantienen zonas oscuras». «Eso es insostenible», ha añadido.