El grupo parlamentario que conforman IU, ICV y CHA quiere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenga en cuenta la crisis económica que padece el país y actúe en consecuencia reduciéndose los, a su juicio, «cuantiosos» gastos «superfluos» de representación de los que disfruta y sea más austero en el presupuesto de sus órganos directivos.
Ésta es una de las veintiséis propuestas de resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, que el llamado grupo de la Izquierda Plural ha registrado en el Congreso de los Diputados y que se someterán a votación en el Pleno del próximo jueves.
Y en este mismo contexto económico, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pretende por su parte que el CGPJ dé a conocer el coste que supone a los ciudadanos la Administración de Justicia, para lo cual reclama un informe consolidado que dé cuenta de todos estos gastos, incluyendo los de las comunidades autónomas donde está transferida la competencia.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Algunas fuerzas políticas también apremian en sus iniciativas al Consejo de Poder Judicial a agilizar la presentación en las Cortes Generales de su Memoria anual con el fin de que tener una visión «cercana y real» de su situación.
Así lo pide el PP y también el grupo de IU-ICV-CHA, quienes en concreto recomiendan al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que comparezca en sede parlamentaria para presentar la correspondiente Memoria al inicio de cada año judicial.
Los nombramientos de los miembros del Consejo del Poder Judicial y de otros órganos judiciales es otro de los »clásicos» que incluyen los diferentes grupos del arco parlamentario en sus propuestas de resolución.
El PP, que desde el Gobierno ya ha anunciado su intención de reformar este sistema para que los vocales del CGPJ sean elegidos mayoritariamente entre jueces, ha preferido no incluir este asunto en ninguna de sus once propuestas de resolución.
En cambio, el PSOE insiste en que la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces la continúen realizando las Cortes Generales, y en sentido contrario se pronuncia UPyD, que plantea que doce de los veinte miembros de este órgano sean elegidos de entre y por jueces y magistrados, y que los ocho restantes (los juristas de reconocido prestigio) los sigan designando las Cortes pero sin responder «a un sistema partidario de reparto de cuotas».
En este línea, el partido de Rosa Díez pide que esta «despolitización» se extienda también la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional y del fiscal general del Estado, así como a las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, para los que pide un sistema de votación «personal, igual, secreto y directo».
En términos generales, UPyD también reclama, al igual que CiU y PNV, que para la designación de miembros de altos cargos de la carrera judicial se respeten los principios de mérito y capacidad con el fin de que todos los aspirantes accedan en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
En concreto, los nacionalistas catalanes piden en este punto impulsar la igualdad en el acceso a las mujeres pues, según argumentan, siendo mayoritarias en la carrera judicial, «no tiene proporcionalmente representación visible en Presidencias de órganos judiciales».
FOMENTAR LAS LENGUAS COOFICIALES
En clave autonómica, los nacionalistas de CiU y PNV, los republicanos de Esquerra (ERC), Amaiur y también el PSOE abogan por que se garantice el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en la Administración de Justicia.
Así, CiU, PNV e IU-ICV-CHA exigen dar plena efectividad al uso de las lenguas cooficiales para que los ciudadanos puedan dirigirse a sus órganos jurisdiccionales con la que les sea propia, tal y como está previsto en los estatutos de autonomía.
Sobre este punto, Esquerra urge el CGPJ, en la única propuesta de resolución presentada, a actuar «de forma inmediata y categórica» superando así «la continua vulneración y/o dejación» respecto a la normalización de su uso por parte de jueces y magistrados.
En parecidos términos, Amaiur plantea en su texto establecer como requisito para la función jurisdiccional en el País Vasco y Navarra el conocimiento o aprendizaje del euskera «con la finalidad de garantizar» en la Administración de Justicia los derechos lingüísticos de todas las personas.
De su lado, los socialistas se limitan a recordar al CGPJ que garantice que no se vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía en el acceso a la Administración de justicia y que promueva el conocimiento de las lenguas cooficiales.
También desde CiU, PNV y el grupo de IU-ICV-CHA se insiste en la necesidad de impulsar el desarrollo de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico, conforme a lo establecido en los estatutos de autonomía.
SENSIBILIDAD CON TEMAS DE VIVIENDA
Otras propuestas de resolución que se votarán el jueves, firmadas por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, instan al CGPJ a poner al servicio de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal todos los medios necesarios para atajar los delitos de la corrupción o a actuar «con la sensibilidad que requiere» aquellas materias que afectan al derecho a una vivienda digna.
Destaca asimismo otra proposición de la formación liderada por Rosa Díez, en la que se insta al órgano de gobierno de los jueces a fortalecer el principio de responsabilidad profesional de jueces y magistrados intensificando el control disciplinario con garantía de imparcialidad con el fin de superar la baja percepción de los ciudadanos de este servicio público.