El Ministerio de Hacienda ha reconocido hoy que hubo un error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta Cristina consecuencia de que la información que recibió la Agencia Tributaria estaba atribuida a un DNI que coincide con el de doña Cristina.
El Ministerio de Hacienda reconoce en un comunicado hecho público que «la Agencia Tributaria no comprobó ni verificó los datos remitidos al juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solictud de información». Además, asegura que la Agencia «tiene el máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse» y que «va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información«.
El abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca Junyent, ha asegurado este martes que Hacienda se ha equivocado señalando que la hija del Rey Juan Carlos vendió entre 2005 y 2006 trece fincas por más de 1,4 millones de euros, pero ha anunciado que no presentará ninguna querella al respecto: «Nosotros seguro que no».
«Si hay errores, hay errores», ha dicho Roca a los medios de comunicación a la puerta de su despacho, donde ha declarado que no sólo cree que la Agencia Tributaria se ha equivocado, sino que también lo afirma.
El abogado de la Infanta ha indicado que confía en los procedimientos judiciales y que hay que dejar que la justicia haga su trabajo –aunque a veces se equivoque–, y se ha mostrado partidario de que la Fiscalía investigue las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles supuestamente vendidos por su clienta, ya que «los errores se corrigen, y nada más».
Este lunes, Hacienda admitió no haber validado los datos sobre la venta de las 13 fincas en Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) que supuestamente la Infanta Cristina vendió por 1.435.603 euros entre 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio barcelonés de Pedralbes.
Según la Agencia Tributaria, los datos facilitados al juez instructor del caso Nóos, José Castro, proceden de «terceros», en cumplimiento de los deberes de suministro de la información que impone la normativa tributaria, pero que no han podido ser valorados jurídicamente por Hacienda.
Por su parte, la Fiscalía también ha anunciado que estudiará el informe sobre las propiedades de la Infanta, y un portavoz de la casa del Rey lo ha atribuido a un error.