En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo, la Fiscalía considera que los indicios de prevaricación «no son lo*suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez» mientras que el presunto cohecho habría prescrito.
La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha subrayado, preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «en todo momento este Gobierno ha dicho que no da órdenes a la Fiscalía».
Celáa también ha sido interpelada por la decisión de la jueza de Madrid que investiga el ‘caso Máster’ de ampliar sus pesquisas a la dimitida ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuyo máster cursado en el extinto Instituto de Derecho Público de la URJC está bajo sospecha al igual que el de Casado y la también dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Sobre Montón, la portavoz se ha limitado a trasladar el «absoluto respeto» del Gobierno a las decisiones judiciales como corresponde en «un Estado social y democrático de Derecho».