El Consejo de Ministros ha autorizado la extradición a China de los 269 ciudadanos de ese país detenidos en España durante la operación Wall en la que se desarticuló una red de estafas telefónicas a residentes en el país asiático, según ha informado el Ejecutivo.
China había solicitado la entrega de todos los detenidos, aunque las autoridades taiwanesas pidieron que no se aprobaran las extradiciones con el argumento de que buena parte de los detenidos son nacionales de Taiwán.
El pasado mes de diciembre la Policía Nacional, en colaboración con la china y a petición de las autoridades de ese país, desarrolló una macroperación con arrestados en varias ciudades españoles en la que se desmontó una estafa de miles de ciudadanos humildes que residen en China a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país.
Las autoridades españolas estiman que hasta ese momento habían llevado a cabo un total de 839 estafas, por un valor de 120 millones de yuanes, equivalentes a más de 16 millones de euros.
El Gobierno ha aprobado hoy la solicitud de extradición cursada por China así como la continuación del procedimiento por vía judicial.
Los reclamados son sospechosos de pertenencia a una organización internacional de carácter criminal que basaba sus actividades en la estafa a ciudadanos residentes en China a través de medios de telecomunicaciones e internet si bien su centro de operaciones se encontraba ubicado en varias ciudades españolas.
Contaban con locales y chalés en diferentes localidades desde los que iniciaron sus operaciones en marzo de 2016 mediante el establecimiento de una serie de centros de atención telefónica a través de una trama organizada y dirigida desde China.
Con estos medios y la utilización de telefonía IP en internet suplantaban los números de llamada de origen para identificarse ante sus víctimas como policías, fiscales o jueces chinos.
Acusando a dichas personas de algún hecho delictivo las coaccionaban para hacerles pagar una cantidad que sirviera para eludir la acción de la justicia.
Para ello debían ingresar distintas cantidades de dinero en cuentas pertenecientes a la organización, cuyos líderes manejaban medios financieros clandestinos para mantener la propia organización y repartir los beneficios obtenidos.
Un total de trece centros clandestinos de estas características fueron desmantelados el pasado mes de diciembre en el transcurso de un operativo conjunto de los cuerpos de Policía de España y China que se bautizó como operación Wall.
Durante la misma fueron detenidos en Madrid, Alicante, Barcelona, Málaga y Zaragoza la mayor parte de los ciudadanos chinos reclamados, encontrándose solo uno de ellos en libertad bajo orden de detención.