El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiere endurecer el cohecho pasivo, que se produce cuando un alto cargo público o un político acepta por su condición un regalo o recompensa, aunque no haya hecho un favor. En la actualidad, esta figura delictiva castiga con un máximo de un año de cárcel, con lo que si el condenado no tiene antecedentes penales, el caso se resolverá con una multa y la inhabilitación.
La reforma del Código Penal que se tramita en el Parlamento agrava los castigos en los delitos de corrupción. Entre ellos, está el cohecho, ofrecer y aceptar sobornos. Con el endurecimiento del cohecho pasivo, el Gobierno no solo pretende endurecer las penas, sino también que los tribunales tengan más fácil probar la conducta delictiva, ya que hasta ahora los jueces han encontrado complicado condenar un cohecho continuado en su nivel agravado, es decir, cuando se demuestra que el político sobornado ha tomado decisiones favorables al que le compra su voluntad.
Un caso que ilustra la dificultad de probar el soborno más grave es la sentencia del caso Malaya. La resolución rebajó las penas, entre otras razones, por la aplicación del cohecho pasivo para acto injusto, que no es el tipo penal más duro. El tribunal de Malaya acreditó que la corrupción se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella, bajo la batuta de Roca, pero no pudo demostrar la forma más grave de soborno, que es recibir dinero a cambio de tomar una decisión injusta para la ciudad, que va a beneficiar al empresario que ofrece la dádiva.
Con esta reforma, los tribunales podrían castigar de forma más severa los sobornos a los políticos, simplemente demostrando que ha habido regalos o pagos, sin necesidad de comprobar el receptor benefició a la persona que le gratificó.