El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Esto es, pretende acabar con el «privilegio» que, a su juicio, supone poder hacerlo por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad.
Así lo ha adelantado el titular de Justicia en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez.
Ésta es una de las medidas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al Ministerio de Justicia para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja su departamento.
Además, Gallardón ha confirmado que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.
Se lo hará saber a la dirección del PP
Y, en este sentido, ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. «Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra», ha asegurado.
Éste es el compromiso que Rosa Díez ha arrancado al ministro, a quien minutos antes había retado a no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos, como UPyD, se comprometan »motu propio» a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto.
El titular de Justicia también ha destacado que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas. «Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción», ha argumentado.
«La corrupción, un cáncer que puede matar a todos»
Durante su intervención, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es «una prioridad absoluta» la lucha contra la corrupción, «un cáncer -ha dicho- que nos puede matar a todos», y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.
«Ésta no debe ser una batalla que gane solo un Gobierno», ha enfatizado el ministro, antes de poner en valor la reunión que el pasado 19 de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje. «El Gobierno querer esa medalla pero no para él», ha insistido.
Así contestaba Gallardón a la portavoz nacional de UPyD, quien aunque le ha reconocido los «avances» en materia de lucha contra la corrupción ha habido, ha lamentado que ha habido «mucho más medidas» anunciadas que de las que se han puesto en marcha, algo que ha achacado a la falta de voluntad política.
Pasar de las palabras a los hechos
Tras pedir al ministro pasar «de las palabras a los hechos» para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Díez ha denunciado que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que ha citado la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.
En su turno, Gallardón ha hecho un repaso de algunas medidas anticorrupción aprobadas por el Gobierno, entre las que ha citado la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración, y ha hecho especial mención a la mejora que en el combate contra la corrupción supone el Código Penal -actualmente en tramitación parlamentaria- garantizando que cuando éste salga del Parlamento contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios.
Por último, el ministro ha querido dejar claro a Rosa Díez que su Ministerio ha atendido los refuerzos solicitados por los órganos judiciales que persiguen la corrupción. «Hemos sido especialmente cuidadosos con eso», ha dicho.
Bastantes ediles no volverían a repetir
La decisión del Ministerio de Justicia de prohibir a quien tenga abierto un juicio oral por corrupción formar parte de una lista electoral dejaría fuera de éstas a un número importante de políticos y ex políticos que, en su mayoría, han desarrollado su labor en administraciones autonómicas y locales.
La propuesta de Gallardón sirve para definir claramente el momento judicial en el que debe encontrarse el político para que su partido no pueda proponerlo como candidato y para dejar claro a los tengan un cargo el momento en que deben dejarlo.
Hace un poco más de un año, el diputado socialista y ex ministro de Trabajo José Blanco, se negaba a dejar su escaño «hasta que el juez abriese el juicio oral. En ese momento, la instrucción judicial contra él estaba muy avanzada, pero no había llegado a ese momento. Sin embargo, el Fiscal General del Estado ya había autorizado al Tribunal Supremo la solicitud al Congreso del suplicatorio contra él por presuntas gestiones ante el Ayuntamiento de Sant Boi para favorecer la concesión de licencia de obras a su amigo Jorge Orozco, otro amigo de Blanco.
En otros casos, si está claro que esa línea roja se ha sobrepasado. Si hoy estuviese en vigor la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal, políticos como el ocho veces consejero de la Generalitat valenciana y ex diputado popular Rafael Blasco, juzgado por el caso Cooperación no podría volver a ser candidato.
El caso Cooperación es una presunta trama de corrupción en la que pudieron desviarse entre los años 2008 y 2010 hasta ocho millones de euros de los fondos que el Gobierno valenciano destinaba a la cooperación con países del Tercer Mundo.
También el ex alcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, que ha renunciado a su escaño por motivos de salud, posiblemente tampoco podría ocupar un puesto en una lista electoral. Según informa el diario Las Provincias, Alperi está procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio en una causa en la que ya se ha acordado la apertura de juicio oral y en la que el instructor ha visto indicios de que Alperi pudo haber cometido fraude fiscal.
Hace poco más de un mes, el juzgado de instrucción número 1 de Santiago de Compostela notificaba un auto de apertura de juicio oral contra siete concejales imputados por un delito de prevaricación. El delito que se les imputaba era la decisión de que el Ayuntamiento costease la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, tras ser imputado por la Operación Pokémon.
Imputado, acusado, condenado
En el debate sobre la corrupción, han sido muchos los que han apuntado que el solo mero hecho de estar imputado sería razón suficiente para abandonar la política y, desde luego, no volver a optar a un cargo. Sin embargo, la ley deja claro que la condición de imputado es provisional. Si los indicios racionales de criminalidad se consolidan al final de la instrucción, entonces el imputado pasa a ser acusado en la fase de enjuiciamiento y si durante el juicio oral se acredita la culpabilidad del acusado, entonces éste pasa a ser condenado en sentencia.
En la decisión de Justicia, la presunción de inocencia es la clave. Durante la imputación o la fase de investigaciones previas e incluso con una resolución judicial que deje patente que hay argumentos para iniciar un proceso penal, es necesario mantener la presunción de inocencia.