La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex interventor general Manuel Gómez Martínez, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La malagueña Magdalena Álvarez ha pasado por cargos de responsabilidad durante los últimos años, ya que fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía durante diez años (1994-2004). Este cargo lo dejó para incorporarse al primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde ostentó el Ministerio de Fomento hasta abril de 2009. Durante ese tiempo, inauguró la llegada del AVE a Málaga, impulsó la ampliación del Aeropuerto de Málaga y se iniciaron los trabajos de construcción de la hiperronda y de la autopista de peaje de Las Pedrizas.
Tras su marcha del ministerio, sustituida por José Blanco, se centró en las elecciones europeas de junio del año pasado, a las que acudió en el puesto número 3 de la lista y salió elegida como eurodiputada.
La juez Alaya amplió la investigación a 1999
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dictó este lunes un nuevo auto en el que amplía hasta 1999 la investigación sobre las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía y pidió al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe si las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE que fueron establecidas por la Junta «están o no incluidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado».
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya relataba que, aunque en un principio acordó investigar las subvenciones y ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo en virtud del acuerdo marco de 17 de julio de 2001, «del devenir de la instrucción y sobre todo de las conclusiones» contenidas en los atestados de la Guardia Civil se han derivado «nuevos datos relacionados con otras posibles subvenciones otorgadas por la Junta y el IFA con anterioridad al periodo inicialmente investigado».
El fiscal del Supremo pide que se confirmen los 6 años de cárcel para Matas
El fiscal Fernando Sequeros ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena de 6 años de cárcel impuesta al expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas por delitos de corrupción porque «los gobernantes que malgobiernen y aquellos que se valen de sus funciones para lucrarse en sus intereses privados» merecen «una sanción».
Así lo ha expuesto durante la vista pública que ha acogido este martes la Sala de lo Penal del alto tribunal para revisar los recursos interpuestos por Matas y por el articulista Antonio Alemany contra la sentencia dictada el pasado marzo por la Audiencia de Palma que condenaba a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación, y al periodista a tres años y nueve meses en el primer juicio del »caso Palma Arena».
El representante del Ministerio Público ha defendido que la sentencia fue «correcta» y que el acusado se valió de la «confianza depositada en las urnas» para favorecer a sociedades de su confianza como eran las de Alemany.
«Todo fue un artificio, un ropaje formal para que esa persona pudiera satisfacer sus necesidades como periodista valiéndose de medios que le resultaban económicos desde las amistades que tenía», ha aseverado el fiscal, que ha acusado a ambos procesados de «utilizar» a la Administración pública «por encima de los fines que la Constitución prevé y del interés general». «Aquí se hizo todo lo contrario», ha zanjado.
«GRAVEDAD DE LOS HECHOS»
La acusación ejercida desde el Gobierno balear también ha solicitado confirmar la condena impuesta a Matas y Alemany porque las pruebas en su contra fueron «lícitas y válidamente obtenidas», en referencia al «examen minucioso» de las declaraciones de los coimputados Joan Martorell y Miguel Romero de la Cerda, los testigos y la «abundante» prueba documental. «Proceden de un análisis lógico y razonable».
La letrada ha añadido que el trabajo objeto del contrato no se realizó y ha recalcado que la «gravedad» de los hechos probados justifica la pena impuesta «habida cuenta de que hablamos del presidente del Gobierno». «Cada céntimo de euro debe responder a un interés público y estar plenamente justificado», ha añadido.
«INCOHERENCIAS Y FALTA DE LÓGICA» DE LA AUDIENCIA
En su turno, tanto la defensa del exministro »popular» como la del periodista de opinión han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que la sentencia condenatoria vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una absoluta «falta de lógica y racionalidad» en la valoración de la prueba de cargo, no motivó suficientemente sus responsabilidades e impuso además un castigo desproporcionado.
«Es una sentencia de ida y vuelta, se dice una cosa y la contraria, se dice blanco y se dice negro, unas páginas consideran acreditada una cosa y otras páginas consideran acreditada otra», ha afirmado la abogada de Matas, para exponer las múltiples «incoherencias» de la resolución de la Audiencia de Palma.
A juicio de la abogada Pilar Gómez Pavón, el tribunal parece que pensaba «en una Administración pública casi feudal» donde el presidente impone «lo que quiere hacer». Ha cuestionado así los delitos de falsedad documental, de prevaricación y de malversación por los que el ex presidente balear fue condenado y ha indicado que el contrato con Alemany cumplía las condiciones y persiguió un «interés público».
El abogado defensor de Alemany, Javier Fernández, también ha apuntado que la cantidad cobrada por su representado estaba «justificada» y que la propia sentencia reconoció que las declaraciones de los coimputados tenían «escasa fiabilidad», en alusión a las palabras incriminatorias del ex director general de Comunicación Joan Martorell y el dueño de la agencia Nimbus Miguel Romero, quienes fueron condenados a poco más de un año de cárcel.
El letrado ha defendido que el articulista realizó los trabajos por los que fue condenado y si no han sido localizados ha sido porque la «búsqueda no fue suficiente». «Tal vez no lo fue de manera intencionada», ha remachado, para negar que Alemany ocultara su identidad en el contrato. «Como administrador aparecía su sobrino porque él iba a ser sometido a una operación a corazón abierta y le dijo: ponte tú porque si a mí me pasa algo, cuidas de tu tía», ha concluido.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, y formado por Jorge Barreiro, José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena revisará la sentencia que condenó al ex ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar por delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado.
La Audiencia de Palma consideró probado que los acusados que se sentaron en el banquillo pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.
Aguirre afirma que nadie de su Gobierno financió la campaña del PP
Así ha respondido Aguirre a la información que publica »El Mundo» en la que se indica que la Comunidad de Madrid habría pagado gastos de la campaña electoral del Partido Popular en mayo de 2007, haciendo referencia a un informe de la Unidad de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
En ese informe, aparecen referenciados los actos como «institucionales» aunque según el periódico la Agencia Tributaria habría concluido que el dinero que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid pagó a una empresa por la organización y montaje de actos de seguimiento electoral fue un dinero que, en realidad, se habría empleado en organizar actos electorales del Partido Popular de Madrid.
«No sabemos cómo la Agencia Tributaria habría llegado a esa conclusión», ha indicado Aguirre, quien ha añadido que la realidad es que las facturas que se exhiben «corresponden todas ellas a actos institucionales de la Comunidad de Madrid, desde la organización de la noche electoral para todos los medios de comunicación que seguían las Elecciones hasta el montaje de la toma de posesión de la presidenta electa y la del Gobierno».
En este punto, Aguirre ha reconocido que «es verdad que, según están demostrando las investigaciones judiciales en marcha, algunos altos responsables de la Comunidad de entonces utilizaron las atribuciones de sus cargos para su provecho propio y que, por ello, están encausados [en referencia al exconsejero madrileño Alberto López Viejo] y serán juzgados en su momento».
Así, ha señalado que «también es verdad que, ante los primeros indicios de sus actuaciones delictivas y antes de que siquiera fueran imputados, todos ellos fueron separados de sus cargos». «Pero ninguno de esos altos cargos tuvo nada que ver con la organización de la campaña del Partido Popular de Madrid para las Elecciones municipales y autonómicas que se celebraron en mayo de ese año», ha recalcado.
Tras indicar que la Agencia no ha comunicado nada al Partido Popular de Madrid en el caso de que esta información sobre los gastos exista, Aguirre ha sostenido que «ahora más que nunca es necesario ser inflexibles ante cualquier caso de corrupción, por pequeño que sea», indicando que si fuera verdad lo que publica el diario, «estaríamos ante un caso importante».
«Pero el deseo de limpiar de corruptos la escena política española de hoy no puede llevarnos a lanzar acusaciones sin contrastar todas las fuentes implicadas», ha apuntado Aguirre, quien ha concluido señalando que si «no somos rigurosos en la identificación de los corruptos y de los casos de corrupción, acabarán por ser iguales los honrados y los que utilizan el dinero público para su provecho personal».