Dice que la petición de perdón o el arrepentimiento pueden ser «determinante» para los presos, como demuestra la »Vía Nanclares»
Se muestra favorable a las vías de justicia restaurativa de forma que sea «más reparadora para víctimas y victimarios»
Cree que está bien todo lo que sea «la búsqueda de la verdad», siempre que la IA no busque justificar su propia historia
BILBAO, (EUROPA PRESS)
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que «es hora de matizar» la »doctrina Parot» para que no se produzcan situaciones de injusticia material en su aplicación retroactiva a los presos. Además, se ha mostrado favorable al acercamiento individual de los reclusos y ha destacado que «el sometimiento a la legalidad, la petición de perdón o el arrepentimiento» pueden ser «determinantes» para su situación, como ocurre con los presos de Nanclares que pertenecieron a ETA.
Calparsoro cree que podría ser beneficioso que se buscaran vías de «justicia restaurativa» y que «está bien» todo lo que sea «la búsqueda de la verdad», siempre que la izquierda abertzale no busque «justificar su propia historia».
En una entrevista concedida a Europa Press, el Fiscal Superior ha recordado que la »doctrina Parot» es «un criterio que sentó el Tribunal Supremo en contra de la posición de la Fiscalía», pero ha afirmado que se «atiene» al principio de unidad de actuación y a lo que determine la Fiscalía del Tribunal Constitucional, «que ya se ha pronunciado en algunos supuestos».
A su juicio, «es hora de matizar esa doctrina, en función de las situaciones a las que se pueda aplicar», para que «no se produzcan situaciones de injusticia material en los casos de aplicación retroactiva de esta doctrina que puede suponer un perjuicio para personas que podían encontrarse con unas expectativas de cumplimiento que, luego, han cambiado a raíz de este cambio de jurisprudencia».
El máximo representante de la Fiscalía vasca ha manifestado que «es un poco la línea en la que se ha pronunciado la Fiscalía del Tribunal Constitucional» y ha precisado que habrá que esperar a ver qué decide el TC. En este sentido, ha mostrado su deseo de que el Constitucional «se pronuncie cuando antes porque afecta a un derecho tan básico como es la libertad».
En cuanto al acercamiento de presos o la puesta en libertad de reclusos enfermos, ha señalado que «la idea general y prioritaria es que las penas se cumplan en los centros más próximos al lugar de residencia de los penados».
«En el caso de los presos de ETA, entiendo que deberían adoptarse medidas de acercamiento individuales en función del pronóstico de reinserción de cada preso», ha añadido. En este sentido, ha rechazado «acercamientos masivos» o decisiones colectivas, y ha recordado que las amnistías «están prohibidas».
Calparasoro ha señalado que, «cuando en su día se adoptó la decisión de alejamiento», se hizo porque los presos de ETA «formaban parte de un colectivo muy cerrado, sujeto a una disciplina interna», y se pretendía lograr «una mejora de su tratamiento y de su evolución», para precisar que «ahora las circunstancias han cambiado».
El Fiscal Superior vasco ha reiterado que, en la actual situación, hay que valorar «la nueva realidad social», y ha señalado que, «frente al discurso de la dureza, quizá un discurso un poco más flexible puede provocar, en algún sector de la sociedad o de las víctimas, cierto rechazo o cierto escándalo, incluso», y ha apuntado que él se atiene al Código Penal. «En la aplicación de las leyes hay unos márgenes, sin salirnos nunca de la legalidad, que podemos adecuar a la realidad social», ha añadido.
El representante del Ministerio público ha destacado que, «cuando ETA estaba en plena actividad, esa realidad justificaba una interpretación de la Ley más estricta», y el hecho de que «ETA haya terminado su actividad terrorista o llegue a desaparecer, justificaría una interpretación distinta, siempre dentro de la legalidad».
LEGALIZACIÓN
Calparsoro ha insistido en que la legalización de Sortu puede «marcar el fin de ETA» y ha apuntado que se trata de «una hipótesis o una intuición» basada en los pronunciamientos públicos realizados por miembros de la izquierda abertzale «y siguiendo un poco la evolución de la actividad terrorista».
En esta línea, ha considerado que, si Sortu fuera legalizada, «podría suponer un paso para la disolución de ETA». «Pero la que tiene que disolverse es ETA y espero que lo haga pronto», ha indicado.
A su entender, «es una posición correcta» la del Gobierno cuando asegura que «nunca» va a hablar con ETA. «No creo que sea necesario que dialogue con ETA como tal banda armada y con sus dirigentes. Se puede dialogar con los presos o con abogados», ha indicado.
Además, ha señalado que la posición que adopten los reclusos de la banda «puede ser determinante para ellos» y su situación penitenciaria. En este sentido, ha manifestado que sería favorable su «sometimiento a la legalidad, la petición de perdón y el arrepentimiento», como demuestra, a su juicio, la denominada »Vía Nanclares». Según ha asegurado, éstos «no son requisito imprescindible, pero sí muy conveniente porque el daño ha sido inmenso».
IZQUIERDA ABERTZALE
El Fiscal Superior ha afirmado que se esperaba del acto del Kursaal de la izquierda abertzale «un pronunciamiento más claro y contundente» hacia las víctimas de ETA, que fuera acompañado de una petición de perdón y una reclamación a la banda de disolución, aunque lo ha considerado «un paso». «Todos los pasos en esa dirección son positivos», ha manifestado.
También se ha referido al planteamiento de la izquierda abertzale de que se aborde «una justicia transicional», que se ha aplicado en otros «conflictos», y ha señalado que es «un concepto» que desconoce si «es aplicable aquí» en la Justicia española.
«Nosotros llevamos muchos años con un régimen de garantías plenas. Es incuestionable que ha habido y que existe una banda terrorista que ha generado un daño a la democracia. Son delitos contra la democracia, aparte de crímenes contra personas concretas», ha apuntado.
No obstante, ha precisado que, para facilitar «la consecución de una situación de paz y de concordia, podían buscarse alternativas» o fórmulas, como vías de «justicia restaurativa, que va en una dirección, no sólo de pacificación, sino de reconciliación», de manera que se pueda lograr «una justicia más reparadora para las víctimas y para los victimarios, por supuesto, desde la base de la voluntariedad, de la gratuidad, etc».
«Pero está claro que llegará un momento en el que debería conseguirse un objetivo de justicia y de reconciliación y reparación. ¿Que a eso se le llame Justicia transicional?, pues puede ser. No me parece descabellado», ha añadido.
Sobre la posibilidad de crear una comisión de la verdad, ha indicado que «todo lo que sea verdad es positivo», pero no para que la izquierda abertzale «justifique su propia historia». «Me parece bien la búsqueda de la verdad en un pasado tan reciente y tan presente como es la actividad de ETA y el terrorismo que han podido ejercer también otras bandas armadas que han actuado en España y en Euskadi», ha manifestado.
Sin embargo, ha considerado que esto no se puede «utilizar para cambiar la verdad objetiva, que no admite versiones», como son «las víctimas, los asesinatos, las amenazas, las coacciones y las privaciones de libertad». «Habría que relatarlo, repararlo, recordarlo y homenajear a las víctimas que han dado su vida por la democracia», ha destacado.
Por último, ha resaltado que el terrorismo «es un crimen contra la democracia, un ataque a la línea de flotación del sistema democrático, que impide el ejercicio electoral por parte de la ciudadanía, que impide el acceso a cargos públicos por parte de los demás partidos». «Es bueno reconocer, al margen de las víctimas concretas, toda la actividad antidemocrática de estos años», ha concluido.