La Confederación ha destacado que la propuesta –acordada entre la administración local, regional y estatal– está «poco reflexionada» debido a las «irresponsabilidades en las que puede incurrir una empresa por no tener a un trabajador adecuadamente informado y formado».
Además, ha asegurado la CNC, la idea choca «frontalmente no sólo contra la legislación, sino contra el régimen de concienciación y dignificación» que, asegura, el sector intenta establecer desde 1995.
En esta línea, la CNC ha recordado que con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995) y la Ley Reguladora de la Subcontratación (2006), «la construcción se ha esforzado en una mayor profesionalización exigiendo nuevas obligaciones a las empresas para ejercer su actividad, y buscando una mayor formación y sensibilización en seguridad de los trabajadores que prestan sus servicios en obra».
«Propuestas de este tipo dañan la imagen de nuestro sector, pues ofrecen la visión de que cualquiera puede trabajar un andamio, realizar trabajos de albañilería o manejar maquinaria pesada», ha concluido la Confederación.
La propuesta que ha anunciado Carmena trataría de introducir a estas personas en el sector «casi a goteo», no en grandes grupos, para que «puedan ir entrando en el sistema con un trabajo legítimo y retribuido, con todos los planteamientos legales».