El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha sido detenido en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación, según fuentes de la investigación citadas por TVE.
Castellano es una de las nueve detenciones efectuadas por la policía. Además, se está registrando la vivienda que Castellano posee en la localidad valenciana de Benisanó.
La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.
El pasado mes de octubre se confirmó que los delegados en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción investigarían una presunta contratación irregular por parte de la Generalitat valenciana a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35 y supuestos regalos a Castellano en su etapa como conseller de Gobernación, relacionados con esas adjudicaciones.
Sobre estos hechos, Castellano aseguró que desconocía por qué Avialsa T-35 tiene la factura de un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros que, según ha defendido, ha pagado él y nadie le ha regalado, pero que algunos medios de comunicación citan como un regalo de esta adjudicataria de la Generalitat.
Sin embargo, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices, como un rifle semiautomático que Castellano siempre ha defendido que pagó de su bolsillo; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de «modificaciones contractuales» que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones -se apunta en la denuncia- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.
Contratos bajo la lupa desde 2013
No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió «rotundamente» que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. «Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades», dijo en ese momento.
Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, «fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra«. Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.
Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca «ningún trato de favor» de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.
También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado «conforme a la ley y a los procedimientos de contratación».