El Defensor del Pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, afirmó hoy que el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) «transgrede» los estándares legales que establecen la Constitución y la jurisprudencia peruanas.
Gutiérrez presentó hoy un informe sobre el indulto y derecho de gracia que otorgó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
En una rueda de prensa, el defensor enfatizó que no es competencia del organismo que preside determinar la legalidad de la medida.
«No es competencia de la Defensoría del Pueblo señalar si el indulto a Alberto Fujimori es legal o no; nuestro papel es determinar si se ajusta a los estándares legales», dijo.
Consideró, en ese sentido, que en la decisión de otorgar el indulto no se cumplió con los estándares legales ni jurídicos que establece la legislación peruana «específicamente en cuanto a la motivación de la decisión de otorgar las gracias presidenciales».
«En relación con el indulto humanitario, no se esgrime una motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las razones humanitarias que habrían motivado su concesión», agregó.
El defensor anotó que «cuando se trata de delitos muy graves, la jurisprudencia señala que tiene que haber una mayor argumentación», ya que ya que el exgobernante fue condenado por homicidio calificado y secuestro agravado.
«Este estándar tampoco ha sido superado», remarcó.
Sostuvo que en el análisis que hizo la Defensoría sobre el proceso, que será enviado al Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional, determinó que el presidente sí puede otorgar esta gracia, pero eso no implica que «tenga una posibilidad libérrima de hacer las cosas».
Explicó, en ese sentido, que el Gobernante está obligado a cumplir las normas constitucionales y los procedimientos porque, al dar el beneficio, se está afectando la división de poderes y las competencias de estos, como en el caso del Poder Judicial.
El defensor también aseguró que un indultado «tiene la obligación de no realizar actos similares, iguales o de la misma naturaleza que aquellos que permitieron la comisión de delitos» y volvió a pedir que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregue a su institución una copia del expediente con el que se justificó el indulto.