La secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo del PSOE, Luisa Carcedo, manifestó este martes que las políticas que afectan a las personas con dependencia van a ser una prioridad para el PSOE en los Presupuestos Generales del Estado.
Carcedo, junto al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, Rafael Simancas, los secretarios adjuntos Pere Joan Pons y Meritxell Batet, así como varios miembros de las comisiones de Servicios Sociales del Congreso y Senado, mantuvieron hoy una reunión con representantes de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia, para analizar la situación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y el desarrollo de la ley.
Tras la reunión, la dirigente del PSOE dijo que la dependencia “debe ser tenida en cuenta en el sistema de financiación autonómica”, dado que “las comunidades autónomas están aportando más del 80%, frente al escaso 18% de la Administración General del Estado”.
Asimismo, indicó que en esta reunión los socialistas han coincidido con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia en señalar la preocupación por los copagos, el abandono de la financiación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, la necesidad de reforzar los cuidados en el entorno familiar y la protección de los menores dependientes, o la revisión de los baremos y de la cartera de servicios.
Carcedo afirmó que “la aplicación de los recortes a los que el PP ha sometido al sistema de atención a la dependencia desde 2012, con la eliminación del nivel concertado y la disminución del nivel mínimo, superan los 2.000 millones de euros”. Por eso, el PSOE reclama “dotar al sistema de los recursos necesarios mediante una financiación finalista” y que “garantice un esfuerzo equitativo entre Estado y comunidades”.
Finalmente, dijo que el incremento de «en torno a un 5% de las ayudas a las personas con dependencia acordado recientemente por el Consejo de Ministros, es insuficiente para revertir los recortes que el Gobierno del PP ha infligido al sistema desde 2012” y “un parche que no soluciona la deuda del Gobierno con las personas en situación de dependencia y con las comunidades autónomas, sobre las que ha hecho recaer todo el peso del sistema”.