¿Qué puede hacer una oficina antifraude para prevenir casos de corrupción? Si se hace copiando el modelo de Catalunya, poco. Incluso, podría colapsar más el conjunto de la administración.
Joan Lluís Pérez Francesch, profesor de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que las medidas presentadas por el PSOE para combatir la corrupción incluyen buenos propósitos, pero les faltan concreción y sentido global.
Sobre la oficina anticorrupción, en la que según dijo Alfredo Pérez Rubalcaba trabajarían unos “hombres de negro” para vigilar el trabajo de las administraciones, el profesor recuerda que ya exista una oficina en Catalunya que “no se sabe muy bien qué hace”. Esa oficina se encarga de investigar ante posibles señales de corrupción, pero no tiene función jurisdiccional, por lo que ante las sospechas de irregularidades, lo que puede hacer es alertar a la Fiscalía.
“Lo que se debe hacer es agilizar la actividad del Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de los partidos y las administraciones. Al crear nuevos órganos, podemos colapsar más la administración”.
En cuanto a la prohibición de donaciones de empresas a los partidos, Pérez Francesch señala que a priori no está mal, pero hay que tener en cuenta que las fundaciones pueden recibir dinero de las compañías. “Hay que presentar medidas en el contexto global”. El experto aboga por establecer límites en los gastos de campañas electorales.
“Son propuestas para salir del paso ante los escándalos del PP, pero no tratan globalmente el tema de la corrupción”, sostiene. El profesor considera que sería positivo encargar a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de todos los casos de corrupción si dispone de los suficientes recursos y jueces especializados. Pero si al final se genera más atasco en este órgano judicial, resulta contraproducente.
Pérez Francesch sí considera “razonable” la idea de vetar en los contratos públicos a empresas implicadas en casos de corrupción. Eso sí, señala que hay que concretar el término “implicadas”; podría ser si hay personal imputado en causas judiciales.
El experto considera que ha llegado el momento de una regeneración política, que requiere de la acción de todos, del Estado y la sociedad. “Quizá haya que hacer una nueva transición, que sea colectiva, porque hemos llegado a un colapso institucional”.
A la pregunta de si España necesita un Mario Monti, Pérez Francesch sostiene que no ve mal que ante un momento de desánimo colectivo pudieran “entrar opciones técnicas y temporales», que después buscasen la legitimidad democrática. “Los italianos son inteligentes y si ha llegado Monti es por algo”.
Los técnicos de Hacienda piden un delito de financiación irregular de partidos
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, sostiene que más que crear un órgano antifraude, lo que se debe hacer es «potenciar la coordinación» entre el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, el Banco de España y las autonomías, y también reformar la ley de financiación de partidos que «tiene lagunas«. Entre ese vacío legal, hace referencia a la falta de concreción sobre la responsabilidad contable de los partidos, a la debilidad del régimen sancionador, y los tiempos con los que actúa el Tribunal de Cuentas, que acumula retrasos de seis años.
El experto considera que debería crearse un tipo penal para castigar la financiación ilegal de partidos. Cruzado también sostiene que hace falta regular la actividad y las cuentas de las fundaciones de los partidos, que reciben donativos sin límite y dinero de empresas con contratos públicos.