Este acuerdo, adoptado en base a la propuesta conjunta de los Ministros de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de Justicia, de Hacienda y del Interior, supone el reparto de los fondos decomisados por sentencia judicial firme procedentes de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y adjudicados al Estado. También revierten en este fondo las sanciones económicas y del comiso previstos en la Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas.
En total, el fondo para el año 2019 asciende a 35.196.893 euros. De ellos, 23.150.000 euros irán destinados a la financiación de programas y actividades con objeto de prevenir adicciones, mejorar la asistencia y la reinserción de pacientes, así como la formación e investigación.
En este apartado se engloban los programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos; los proyectos de intervención asistencial, social y laboral en relación con determinados colectivos como menores afectados o en situación de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias; los programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales; los proyectos de investigación; y los proyectos y programas sobre drogodependencias que incluyan la perspectiva de género.
Además, los 12.046.893 euros restantes servirán para financiar la realización de acciones contra el narcotráfico y otros delitos, incluyendo el control y posterior destrucción de las drogas decomisadas.
Esta partida está destinada a los programas y actuaciones acometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales procedentes de actividades relacionadas con las drogas tóxicas.
En concreto, servirá para financiar a las actividades dirigidas a captar y desarrollar información operativa y estratégica; mejorar los sistemas de transmisiones y comunicaciones; desarrollar y actualizar los sistemas informáticos; incrementar los medios materiales necesarios para la detección e investigación analítica de las drogas y su almacenamiento y destrucción; y promover la formación en recursos humanos.