En declaraciones en los pasillos del Senado, Cleries ha afirmado que esta decisión del Tribunal de Cuentas «está fuera de lugar» y ha sugerido que se busca que la sociedad catalana reaccione.
Y ha enmarcado esta noticia en una serie de actuaciones contra el expresidente Mas o las exconselleras que superan «todo lo esperable de una democracia». «El Gobierno solo quiere persecución política y hacer daño a sus familias y a su patrimonio», ha resaltado el portavoz de PDeCAT en la Cámara Alta.
El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de inmuebles de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones.
Esta cantidad debía ser depositada mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.