Una década, nueve jueces, todos los recursos posibles, un indulto denegado. Fabra ha luchado como pocos por no pisar la cárcel, pero al final no ha tenido más remedio que acabar en una, la de Aranjuez. In extremis, pero allí ha ido. Al menos sus hijos estarán cerca. De ellos se ha preocupado siempre. Alguno ha seguido sus pasos en política.
El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha ingresado minutos después de las cuatro de la tarde en la prisión Madrid VI, ubicada en Aranajuez (Madrid). La entrada en prisión de Carlos Fabra se ha producido diez días después de que el Gobierno acordara, el pasado 21 de noviembre, denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente »popular», quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión en el conocido como »caso Naranjax».
El ex dirigente del PP había expresado su intención de ingresar en esta cárcel de Madrid, ya que su familia (tres de sus hijos viven en la capital) y muchas de sus amistades residen cerca de la cárcel.
Era su último día para ingresar en la cárcel
Fabra tenía hasta hoy lunes para ingresar en prisión y cumplir así con los cuatro años de cárcel. La Audiencia condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Carlos Fabra ha ingresado en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso el primer fin a un auténtico »maratón» judicial. No en vano, la instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.
Carlos Fabra se sentó el 2 de octubre de 2013 en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el »caso Naranjax».
El ideólogo del aeropuerto de Castellón
El que fue hombre fuerte del PP en Castellón durante décadas llegó al juicio con el único cargo de secretario general de la Cámara de Comercio, puesto que en junio de 2010 abandonó la presidencia de la Diputación Provincial tras 16 años al frente de la institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial. En 2013 también dimitió como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que él ideó y que aún no está en funcionamiento, tras el auto de apertura de juicio oral.
El origen del proceso se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
Durante todo este tiempo, la Audiencia Provincial de Castellón dictó algunas resoluciones que posteriormente fueron revocadas por el Tribunal Supremo. La primera de mayor calado fue en diciembre de 2010, cuando la sección segunda sobreseyó la causa por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 -cuatro de los cinco por los que estaba siendo investigado- al considerar que no se había producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas.
La segunda de mayor relevancia fue cuando la sección primera declaró en mayo de 2012 la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, tras haber resuelto previamente la sección segunda que los hechos imputados al expresidente de la Diputación no eran constitutivos de cohecho. Este hecho suponía que el caso pasaba a ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia, con una importante reducción en los años de condena aparejados a los delitos atribuidos.
«No sé la gente que he colocado en 12 años»
Tras estudiar Derecho, Carlos Fabra siguió la tradición familiar y empezó a vincularse a la política de la mano de UCD. Después, ya con el PP, llegaría a lo más alto de la diputación de Castellón, en 1995 con 50 años. En las últimas décadas, la dinastía Fabra ha mantenido un control absoluto en Castellón, apoyado por una red de votos, basados enfavores y colocaciones.
«Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé», se preguntaba Fabra en una conversación grabada en 2009 por miembros de su propio partido. «El que gana las elecciones», prosiguió Fabra, «coloca a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, consellers, asesores de consellers…».
El expresidente siempre se ha mostrado satisfecho de los logros de su provincia, como el Hospital Provincial y su remodelación. También ha sido presidente del Club de Campo (Golf) del Mediterráneo en Borriol y la sociedad pública que promovió el aeropuerto de Castellón, Aerocas.
En 2004 comenzaron sus problemas con la justicia
Su periplo judical comenzó en 2004, cuando se abrió una causa contra él por cohecho, tráfico de influencias y varios delitos fiscales. Fabra ya llegado a jactarse en público de ser impune y ha quejarse irónicamente de que los jueces no hacen su trabajo.
Tras varios años con la causa abierta, la Audiencia de Castellón condenó en 2013 a 4 años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a dos años de cárcel por dos delitos también contra Hacienda, a su exmujer Amparo Fernández. Este miércoles el Tribunal Supremo ha confirmado la pena. Fabra, de 68 años y con problemas de salud, ingresará en prisión, salvo que el Gobierno le concediera un indulto.
Indulto denegado
El Gobierno acordó en Consejo de Ministros denegar las peticiones de indulto solicitadas por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y por el expresidente del club de fútbol del Sevilla José María del Nido.
Soraya Sánz de Santamaría aseguró entonces ue el Gobierno ha concedido siete indultos y ha denegado más de 2.000, entre los que se encuentra los de Fabra y Del Nido.
El expresidente del PP provincial y de la Diputación de Castellón Carlos Fabra presentó a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo (TS) de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión en el conocido como caso Naranjax.
La sección primera de la Audiencia de Castellón acordó el pasado mes de septiembre la suspensión de la ejecución de la pena de prisión mientras se tramitaba la petición de indulto. Una vez denegada, el dirigente político deberá ingresar en la cárcel.