En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, ha comentado que la planificación en la que trabaja el Ministerio es que la próxima semana haya una reunión de tipo técnico y en torno a mediados de junio, se reúna el Comité de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
No obstante, ante las actuales «incertidumbres» derivadas de la moción de censura, ha señalado que la programación «queda en manos de Hacienda», si bien su Gobierno va a «seguir trabajando» porque el nuevo sistema es «crucial» para el archipiélago.
De hecho, ha dicho que es «preocupante» que se puedan disolver las Cortes porque «decaen» todas las leyes en tramitación, y Canarias aspira a que la desvinculación del REF del sistema de financiación quede «anclada» en el Estatuto.
«No nos damos por satisfechos con el acuerdo sobre los presupuestos», ha destacado la consejera, si bien ha reconocido que con el acuerdo de 2017 y si finalmente se accede al completo del Fondo de Competitividad, Canarias se encontrará ya prácticamente en la media del resto de Comunidades Autónomas.
En cuanto al nuevo sistema, cuyas propuestas se remiten este martes al Ministerio, Canarias reclama que la dependencia se incluya en la financiación de los servicios básicos, lo que choca con la mayoría de Comunidades, que abogan por esperar a que se despliegue la ley de dependencia en su totalidad.
Además, Dávila ha incidido en que se debe financiar e igualdad de condiciones «para todos los españoles, vivan donde vivan» y que haya una «nivelación vertical» para atender las «especificidades» de los distintos territorios como la orografía, la insularidad o la dispersión demográfica.
Asimismo, aunque el comité técnico expone que el REF debe servir para «compensar» los costes de lejanía y fragmentación del archipiélago, el Gobierno incluye en sus propuestas el acuerdo alcanzado por el Parlamento de Canarias y los grupos de la ponencia estatutaria para que los recursos del REF «no se integran ni computen» en el nuevo sistema de financiación.
A FAVOR DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PERO SIN PENALIZAR
Armas, por su parte, ha demandado también que se tenga en cuenta el turismo como variable y el nivel socioeconómico de cada territorio, y que se utilice el indicador Arope para fijar los criterios sobre la atención social.
Ha reconocido que «no ha sido fácil ni gratuito» defender la posición de Canarias ante el Estado porque «siempre hay escollos», incluso a nivel técnico, porque «cuesta convencer» sobre la realidad de Canarias.
El Gobierno no se ha mostrado «en contra» de la reestructuración de la deuda de algunas Comunidades, pero avisa de que una condonación «no debe suponer un perjuicio» para las Comunidades cumplidoras, caso de Canarias.
En todo caso, Armas ha puntualizado que la solución «debe ser homogénea» y no solo para Cataluña o Valencia, y además «proporcionada» para las que han cumplido con los objetivos de déficit.
Si finalmente se disolvieran las Cortes, Armas ha señalado que se ha hecho un «trabajo muy serio» entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con conclusiones «casi unánimes» que pueden ser tomadas «gobierne quien gobierne».