Camboya recibe hoy críticas de la comunidad internacional tras la disolución del principal partido de la oposición, con Estados Unidos y la Unión Europea negando la legitimidad de las próximas elecciones generales.
El Tribunal Supremo camboyano ordenó ayer la disolución del Partido por el Rescate Nacional de Camboya (PRNC) y la inhabilitación por cinco años de 118 de sus dirigentes al considerar que conspiraron con agentes extranjeros para derrocar al gobierno.
El fallo siguió al encarcelamiento en septiembre del líder de la formación opositora, Kem Sokha, acusado de traición, el cierre de diversos medios de comunicación críticos y la expulsión de una organización estadounidense dedicada a promover la democracia.
La UE calificó la decisión judicial como un «alejamiento significativo del camino del pluralismo y la democracia» reconocido por la Constitución del país asiático y respaldado por sus socios internacionales durante más de dos décadas.
«Un proceso electoral del cual el principal partido de la oposición ha sido excluido de forma arbitraria no es legítimo», indicó un portavoz de la UE en un comunicado.
«El respeto a los derechos humanos básicos es un prerequisito para que Camboya siga beneficiándose del programa preferencial de la UE Todo Excepto Armas», advirtió el portavoz.
Este programa comercial ofrece acceso libre de impuestos y cuotas al mercado europeo, principal destino de la industria textil y de calzado camboyana con un 40 por ciento del total en 2016, año en que el sector exportó por valor de 7.322 millones de dólares.
EEUU, por su parte, mostró su «grave preocupación» por la decisión «basada en acusaciones politizadas» del Supremo y advirtió que esta «complica» el desarrollo democrático del país y «pone en riesgo» su crecimiento económico y posición internacional.
«En la situación actual, las próximas elecciones no serán legítimas, libres ni justas», dijo la secretaría de prensa de la Casa Blanca en un comunicado.
En la nota, Washington urgió al gobierno camboyano a deshacer sus acciones en contra del PRNC y a liberar presos, y anunció el fin del apoyo que EEUU presta a la comisión electoral camboyana de cara a las elecciones generales previstas el 29 julio de 2018.
El subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, aplaudió esta decisión de EEUU e instó a otros países donantes a tomar medidas similares.
«Japón y UE deberían seguir los pasos y todos deberían empezar a hablar sobre sanciones dirigidas a individuos clave del gobierno y del ejército», dijo Robertson a través de su cuenta de Twitter.
La oposición atribuyó la acción judicial a una maniobra del primer ministro Hun Sen, que gobierna el país desde 1985 pero que ha visto como su formación, el Partido Popular de Camboya (PPC), perdía posiciones en las últimas elecciones generales y municipales.
En una comparecencia anoche por televisión, el mandatario aseguró que las próximas elecciones legislativas se celebrarán con normalidad e instó a los cargos electos del PRNC que no han sido inhabilitados a unirse al PPC.
Hun Sen ha acusado en varias ocasiones a la oposición de planear una «revolución de color» y ha amenazado varias veces con una guerra civil en Camboya si su partido pierde el poder en las urnas.
Camboya, con la ayuda de la ONU, organizó las primeras elecciones democráticas en 1993, tras más de dos décadas de guerra civil, incluido el régimen del Jemer Rojo, durante el que murieron unos 1,7 millones de personas.