El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha convocado para este próximo martes una reunión de alcaldes y cargos electos locales sobre las actuales limitaciones que la regla de gasto pone al uso del superávit local, y “a partir de ahí, desde la FEMP, tomar las decisiones correspondientes” para defender la financiación municipal. Esta Cumbre Local se celebrará al día siguiente del encuentro que el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, mantendrá este lunes por la tarde con la FEMP, y en la misma Caballero informará a los representantes de las entidades locales de lo tratado con el ministro.
Según informó la federación, la convocatoria se dirige a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, a los de su Consejo Territorial, a los de los consejos y órganos de Gobierno de las Federaciones Territoriales de Municipios y Provincias, a los presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares y a los alcaldes de ciudades con más de 50.000 habitantes, “en total más de 300 personas”.
Según el presidente, “una desafortunada ley del Gobierno de España” impide a los gobiernos locales la reinversión de su superávit en actuaciones dirigidas a los ciudadanos, y, si los presupuestos se retrasan, ya no será posible ningún tipo de reinversión.
“O conseguimos un decreto ley inmediato o no tendremos tiempo de dedicar de forma efectiva nuestros remanentes a políticas sociales o de empleo, proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, advirtió. «Queremos una decisión urgente del Gobierno de España para solucionar un problema que el propio Gobierno de España nos causó a ayuntamientos y diputaciones. La reinversión de nuestros superávit está en cuestión y Montoro lo sabe».
La convocatoria advierte: “Nuestra situación de financiación y gasto está peor, mucho peor, que hace casi tres años cuando se inició el actual mandato local. Tan es así que no debemos titubear al calificar nuestra situación como agónica, insostenible. Un diagnóstico que se agrava aún más si cabe, toda vez que no hemos hecho nada para estar así, más bien al contrario, ni nos merecemos esta asfixia en la financiación a la que nos somete el Gobierno de España”.
Recordando que en 2017 las entidades locales habrán reducido la deuda casi un 10%, la nota concluye con contundencia: “Ya se acabó nuestra paciencia, no aguantamos más, no toleramos seguir siendo tratados de este modo porque nuestra gestión nos avala, y exigimos al Gobierno que atienda de una vez por todas nuestras reiteradas peticiones y con ellas nuestras demandas, que son las de nuestros ciudadanos, y nuestros compromisos, que son para los ciudadanos, porque aquí no hay colores políticos ni cuestiones partidistas, sino el interés general apoyado en la voluntad inequívoca de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.