La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado su petición de pena para once miembros de los partidos vascos D3M y Askatasuna con el fin de que guarde «proporción» con la sentencia que dictó el Supremo respecto a Arnaldo Otegi en el »caso Bateragune». Además, ha retirado su acusación contra otros dos presuntos colaboradores por falta de pruebas.
En la última sesión del juicio celebrado contra los supuestos integrantes de las dos marcas electorales, ilegalizadas por el Tribunal Supremo el 17 de febrero de 2009, el fiscal ha reducido de 9 a 6 años y cinco meses su petición de condena para los nueve acusados de un delito de integración en organización terrorista.
El fiscal Vicente González Mota ha rebajado también su petición de cárcel de 7 a 5 años para dos procesados por colaboración con organización terrorista, mientras que ha retirado los cargos que pesaban contra el representante legal de D3M ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antia, y Aitor Liguerzana, quien se encuentra preso por otra causa.
En ese instante el público ha comenzado a aplaudir a los exculpados, lo que ha obligado a la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, a llamar la atención a los presentes y advertir que ordenaría su desalojo en caso de no guardar silencio.
«No no, no se puede aplaudir en un tribunal de justicia. Se lo ruego, que no se vuelva a producir una situación de este tipo»», ha reclamado la magistrada de la Sección Primera de la Sala de lo Penal al comienzo de la vista celebrada en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).
Durante el turno de última palabra, la portavoz de D3M, Amparo Lasheras, ha hecho un alegato en nombre de todos los acusados para exigir al tribunal que emita «un sí a la libertad de expresión de todas las ideas y a la participación política de todos los proyectos».
«Nos hemos sentado en el banquillo por defender y ejercer derechos civiles y políticos y, en particular, el de la participación política, en base a una interpretación de la legislación vigente que parece ser que va encaminada a condenar ideas y excluir de la participación proyectos políticos muy determinados», ha dicho.
SEGUIMIENTO FIEL DE LA ESTRATEGIA DE ETA
Durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, el fiscal Vicente González Mota ha declarado probado que los acusados ejecutaron «fielmente» la estrategia diseñada por ETA para procurar el «desgaste» del Estado.
El representante del Ministerio Público ha negado que se enjuicie su derecho a ejercer la libertad de expresión y la participación política. Lo que ha motivado el proceso es, en su opinión, su determinación «consciente» y «voluntaria» de seguir «los postulados de una organización terrorista que necesita para su supervivencia un frente institucional».
Para mantener su postura, ha aludido a la sentencia del Supremo por la que se mantenía en prisión al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, aunque se rebajaba su condena a seis años y medio por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo »Bateragune».
A su juicio, esta resolución constata que el tribunal sólo debe estar «vinculado» a la aplicación de la legalidad vigente, excluyendo así el «principio de oportunidad y equidad» con el contexto político.
La sentencia sobre »Bateragune» ratifica la validez de los documentos policiales y refleja el convencimiento de los magistrados de que «ETA dice y planifica qué directrices hay que hacer». «Lo que no permite la ley es dar soporte político a una organización paramilitar armada que no se ha disuelto y que, en esa fecha, sigue ejecutando atentados», ha añadido el fiscal.
González Mota ha incidido en que los imputados participaron en la «estrategia de desdoblamiento» preconcebida por la organización terrorista para estar presente en los procesos electorales, negando así que se trate de meras «ofertas electorales». Ha apuntado que se incautaron documentos sobre las ilegalizadas Ekin o Gestoras Pro Amnistía pero no escritos que plasmaran su renuncia a la violencia.
LA DEFENSA PIDE SU ABSOLUCIÓN
Por su parte, la defensa, ejercida por los abogados Jone Goirizelaia y Kepa Landa, ha reclamado la libre absolución de sus representados al entender que no cometieron ningún acto de relevancia penal y han impugnado las actuaciones policiales por sus «fallos» en la traducción del euskera, entre otras irregularidades.
Goirizelaia ha emplazado al tribunal a aplicar la Ley y a «corregir» la «sensación generalizada» que reina en el País Vasco en virtud de la cual «los tribunales españoles tienen una vara de medir distinta en unos casos y otros».
Los acusados Amparo de Las Heras (portavoz de D3M), Arantza Urkaregui, Elisabet Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrotua se enfrentan a un delito de integración en organización terrorista, mientras que José Antonio Munduae y Xabier Isasa son juzgados por colaboración.