Decir que uno prefiere la paz a la guerra se ha convertido en un delito en Turquía, a tenor de las continuas detenciones de ciudadanos por opinar en las redes, ha denunciado hoy la Asociación de Derechos Humanos turca (IHD).
Desde que las tropas turcas lanzaron el 20 de enero pasado la operación Rama de Olivo para tomar el control del cantón kurdo de Afrin, en el extremo noroeste de Siria, cientos de personas han sido detenidas por criticar la invasión.
El lunes pasado, las autoridades turcas ya informaron sobre la detención de 300 personas por «crímenes cibernéticos de propaganda terrorista», y el número no de para de aumentar, con decenas de arrestos diarios, denunció en conversación con Efe Gülseren Yoleri, dirigente de la IHD en Estambul.
La asociación desconoce las cifras concretas porque muchos de los detenidos están aún en comisaría, donde pueden pasar 7 o hasta 15 días antes de que el juez decida su puesta en libertad o su ingreso en prisión preventiva.
Causó estupor la detención de 11 directivos del Colegio de Médicos nacional (TTB) después de que este cuerpo profesional emitiera, hace diez días, un comunicado en el que advierte que «la guerra destruye la naturaleza y la humanidad, amenaza la sociedad y es un problema de salud pública».
«No a la guerra. ¡Paz ahora!» termina el breve manifiesto, que no alude a ningún conflicto en concreto, pero ha sido interpretado como una crítica a la invasión de Afrin.
Ankara define como «grupo terrorista» a las milicias que dominan este enclave kurdo, las Unidades de Protección Popular (YPG), por sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en el sureste de Turquía.
Pero el comunicado de los médicos «no implica en absoluto que estén a favor de terroristas», insistieron en conversación telefónica con Efe Ali Seker y Niyazi Nefi Kara, médicos y diputados del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición.
El CHP ha dado su pleno respaldo a la operación militar contra las milicias de Afrin, pero critica la persecución de quienes protestan contra ella.
«Declarar traidores a los disidentes es uno de los métodos más usados» por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), la formación islamista que gobierna Turquía desde 2002, aseveró Seker.
«Detener a los directivos de la TTB es un grave caso de ataque a la libertad de expresión, indispensable en una democracia», dijo Kara.
Ayer, tres de los médicos fueron puesto en libertad con cargos, pero la policía detuvo a 13 activistas e intelectuales que habían hecho declaraciones de respaldo a la TTB.
Las autoridades de Ankara y Estambul han prohibido todo tipo de protestas callejeras contra la intervención en Afrin, pero con este pretexto, la policía impide ahora cualquier manifestación de activistas de derechos humanos, aunque no tenga relación con el conflicto, relató Yoleri.
«Decir en las redes sociales que uno quiere la paz se trata ahora como crimen. Y esto es anticonstitucional. El Estado se salta todas las leyes. Nosotros, como defensores de derechos humanos, intentamos únicamente que las autoridades se atengan a la ley», agregó.
A medio plazo, esta actitud del Gobierno puede llevar hacia un estado de violencia social, advirtió: «Si el Estado no respeta la ley, da un mal ejemplo y es probable que surjan otros movimientos que tampoco la respeten».
Ante las detenciones de ciudadanos, los abogados se quedan «impotentes», porque el arresto no se justifica con ningún argumento legal que pueda impugnarse ante el juez, lamentó la activista.
Pero además, la invasión de Afrin supone una forma de convertir a sus habitantes, kurdos en su mayoría, en el «enemigo» y abrir brechas entre los componentes de la sociedad turca, evaluó.
Si bien el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reitera que la guerra se dirige únicamente contra las milicias YPG, y no contra «los hermanos kurdos», la guerra ha causado crispación en los kurdos de Turquía, «que a menudo tienen familiares al otro lado de la frontera y están preocupados por ellos», agregó Yoleri.
Concluyó que muchas familias con componente kurdo «intentan escapar a la presión social negando su identidad».