El Gobierno argentino confió hoy en que el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por presunta asociación ilícita en relación a la concesión de obra pública durante su mandato, se de «con toda la transparencia posible» para garantizar sus derechos.
«Son temas judiciales. Lo importante es que entremos en la normalidad de entender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley», remarcó Marcos Peña, jefe del Gabinete de Ministros del Ejecutivo de Mauricio Macri al ser consultado por el tema en una conferencia de prensa tras una reunión del equipo de Gobierno en Buenos Aires.
Para Peña, es necesario también velar por que «cuando se trata de una expresidenta se dé todo el debido proceso con toda la transparencia posible para garantizar ese derecho que tiene».
El juez Julián Ercolini decidió hoy elevar a juicio oral -en una fecha todavía por determinar- una de las causas contra la expresidenta, actual senadora, así como al exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario constructor Lázaro Báez, entre otros, en la que están investigados por presunta asociación ilícita.
En el expediente se estudian supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la que éste fue gobernador.