Eso sí, esta propuesta ha contado con el escaso respaldo de la mayoría de la oposición parlamentaria. En concreto, han anunciado su apoyo a la admisión a trámite de la misma CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, y BNG, aunque de forma insuficiente, dado que los ‘populares’ tienen mayoría absoluta en el arco parlamentario. Al debate de esta iniciativa han estado invitados los representantes de las principales organizaciones de consumidores.
Así, Fabra ha defendido que su grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa porque el Consejo de Ministros presentó un proyecto en esta línea que ya ha sido remitido a la Cámara Baja.
Se trata del proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, así como otras leyes complementarias, que incorpora la directiva europea de Derechos de los Consumidores y «refuerza la seguridad jurídica de estos y de los empresarios».
A juicio del PP, introducir una modificación en la ley de Enjuiciamiento civil relativa a los derechos de consumidores y usuarios cuando se va a introducir la tramitación parlamentaria de la ley que regula estas cuestiones «no parece la técnica legislativa más adecuada».
También defiende que el proyecto de ley del Gobierno es el «escenario legislativo más idóneo» desde el que debería abordarse esta cuestión para evitar que se produzcan disfunciones, dudas interpretativas y descoordinación entre los textos legales.
Asimismo, cree que en la propuesta del PSOE no va en la recomendación de la UE en que los estados miembros deberían asegurarse de que la parte perdedora en una acción de recurso colectivo reembolsen las costas judiciales necesarias soportadas por la parte ganadora.
«Quien pierde gana y no consideramos que exista ningún motivo para aplicar un tratamiento distinto en materia de imposición de costas puesto que supondría un trato discriminatorio de una parte frente a la otra», ha argumentado.
En su opinión, situaciones como las de las preferentes, por ejemplo, ponen de manifiesto la necesidad de buscar espacios de acuerdo que persigan garantizar y fortalecer un nivel elevado de protección de los consumidores, también con instrumentos jurídicos que permitan agrupar pretensiones homogéneas en una única demanda, lo que ofrece ventajas de justicia procesal y facilita el acceso a la tutela judicial efectiva.
APOYO A LA INICIATIVA
La portavoz del PSOE en materia de consumo, Pilar Grande, ha subrayado que esta normativa es necesaria porque la factura de la crisis las están pagando los «más humildes», mientras que las grandes compañías salen «indemnes».
A su juicio, se trata de unos abusos sobre los consumidores que dibujan una realidad diaria. «En España existe un enorme desequilibrio entre el ciudadanos como usuarios y consumidores y las grandes corporaciones.
«Es más sencillo un procedimiento de divorcio que para poner fin a un contrato de suministro», ha alertado, al mismo tiempo que ha puesto sobre la mesa el ejemplo de «una máquina parlante», que transmite a otra, y que hace casi imposible suspender un contrato.
Grande considera que la Ley sobre los derechos de los consumidores es «ineficiente» y no ofrece los instrumentos necesarios como consumidores, a la vez que considera que esta normativa está «fragmentada» y «dispersa» y, por ello, plantea en esta iniciativa una serie de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar el papel de la tutela judicial para los consumidores.
Sobre la aprobación el pasado viernes de un proyecto de ley similar por parte del Gobierno, Grande espera que no suponga una coartada para no poner en consideración esta proposición de ley, dado también porque «ambas leyes se parecen como un huevo a una castaña». «No deberíamos perder esta oportunidad para dar a los ciudadanos un instrumento para fortalecer su posición en su lucha contra los gigantes», ha alentado.
RESTO DE GRUPOS DE LA OPOSICIÓN
Por parte de CiU, Lourdes Ciuró, ha señalado que la reforma propuesta del PSOE tendrá su voto favorable porque pretende reforzar la protección de los consumidores y usuarios por ejemplo en el acceso a la tutela judicial efectiva mediante las asociaciones representativas, a la hora de acumular las acciones de daños y perjuicios, o de fortalecer el ejercicio responsable de las acciones colectivas, ante la dificultad de reclamar de forma individual.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha avanzado que va a respaldar la iniciativa porque da un mayor papel a la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios aunque la sigue viendo como un paso «insuficiente» por las directivas europeas en la materia y porque la crisis la están pagando los sectores más «débiles», especialmente el sector de los consumidores afectados por la voracidad fiscal y de las grandes empresas. Así ha puesto de ejemplo el reciente juicio sobre los afectados de la talidomida, 50 años después.
Para Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, que apoya la admisión a trámite de la iniciativa, cree que esta propuesta de ley es «muy importante» para dar oportunidades a los ciudadanos para defender sus derechos concretos que no tienen posibilidad de defender ante los tribunales y que afecta muy concretamente a los «más sensibles y que más necesitan del Estado».
«Nos parece imprescindible esta reforma. Hay personas que necesitan que el Estado les defienda», ha defendido, al mismo tiempo que ve alarmante que no se considere la justicia gratuita a los titulares de preferentes.
Aunque ve mejorable la propuesta socialista, el diputado del PNV Emilio Olabarría sí ha anunciado que va a respaldar la iniciativa porque amplía, entre otros puntos, el concepto de legitimación procesal a las organizaciones de consumidores y usuarios, tanto de ámbito estatal como en el ámbito de las comunidades autónomas, y en el caso de «una correcta o posible identificación del colectivo afectado por una caso que debe ser dilucidada en sede judicial a otros grupos».
Olaia Fernández Davila, del BNG, ha apoyado la propuesta del PSOE porque entiende que en los últimos años se han dado muestras suficientes de la necesidad de reforzar la tutela judicial de los consumidores, especialmente en relación a los abusos financieros.