La iniciativa ha sido respaldada por los ‘populares’, UPyD, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN); frente al rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG, Compromís y ERC. El PNV y Coalición Canaria-Nueva Canarias han optado por la abstención.
La iniciativa tiene como objetivo fundamental contribuir a la «profesionalización» de la administración, teniendo en cuenta que los directivos públicos –en su mayoría funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración– se han convertido en el «pilar básico» de la «eficacia, rigor y profesionalidad» de lo público, y que su carácter «neutro» hace de ellos «técnicos altamente cualificados, capaces de elaborar, implementar y ejecutar con éxito las políticas públicas».
Por ello, el PP ha pedido un estatuto que, en línea con la reforma de la administración, «potencie» la profesionalización de los directivos públicos de tal manera que se conviertan en «un eslabón entre los cargos políticos y el resto de la estructura administrativa». «Algo que puede servir de modelo para las todas administraciones, sobre todo de las autonomías», añaden.
SUPERAR LA FALTA DE DESARROLLO NORMATIVO
Además, el PP recuerda que la regulación de esta figura recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público «no ha sido desarrollada» cinco años después de la aprobación del texto, lo que «ha impedido» que otras administraciones puedan servirse de este referente como «eslabón fundamental entre la estructura burocrática y los altos cargos» para diseñar sus propias reglamentaciones.
De ahí que consideren «imprescindible» redactar un estatuto «claro y diáfano» para este colectivo de trabajadores, en el que «se establezca con precisión su régimen jurídico y, particularmente, su relación con la Administración General del Estado, su proceso de selección y formación y, en consonancia con los principios de gobernanza y gobierno abierto, la evaluación de su desempeño».
También proponen que en el estatuto se contengan «precisiones» sobre aspectos como «los criterios de delimitación del personal directivo de las Entidades Públicas o su régimen de cese e indemnizaciones», con el objetivo último de «garantizar y potenciar» esta figura. Por todo ello, el PP insta al Ejecutivo a «estudiar los trámites necesarios para la aprobación del Estatuto del Directivo Público profesional de la Administración General del Estado».
SUPERAR LA INACCIÓN SOCIALISTA
El diputado ‘popular’ Rafael Merino ha sido el encargado defender la propuesta, y durante su intervención ha cargado contra el anterior Gobierno socialista que, pese a haberse dado el mandato legal de desarrollar este estatuto, no tomó ninguna decisión al respecto, y «perdieron seis años sin llevar a cabo sus compromisos».
«Nuestra obligación es desarrollar la ley, legislar para que los directivos públicos tengan un marco legal. Ni pretendemos aumentar el personal de las administraciones públicas ni adoptar medidas que no se correspondan con la realidad del país. Pero sí queremos cumplir con la ley», ha dicho, rechazando las enmiendas presentadas por PSOE y UPyD por considerar que «ya están en el espíritu» de su texto.
La socialista Pilar Lucio ha replicado que la iniciativa ‘popular’ es «insólita», ya que se limita a «instar al Gobierno a estudiar» el desarrollo de este estatuto, en lugar de pedir directamente su aprobación. Además, ha justificado que en su enmienda piden explícitamente que se busque consensuar el texto ante el temor de que el PP, «en su deriva antirreformista», modifique drásticamente el modelo de las administraciones públicas.
«Plantean una reforma que nos llevará a tiempos pretéritos, introduciendo intereses corporativos de cuerpos funcionariales específicos. Debería evitar la funcionarización de la política y también la politización de la función pública. Hay que pensar de forma global qué administración queremos: si una estática y muy funcionalizada, o una más dinámica y flexible, con sistemas de entrada y salida más adaptables a las circunstancias económicas y políticas», ha dicho.
POCO CONCRETA
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha defendido la enmienda de su grupo alegando que la proposición original es «vaga» e «inconcreta», por lo que la formación magenta pone ya sobre la mesa algunas de las «líneas esenciales» que deberían incluirse en el estatuto: que sea una regulación estatal para todas las administraciones, que se homogeneicen las remuneraciones, que se evalúen los rendimiento o que los ceses sean motivados, entre otras materias.
Además, ha aprovechado para lamentar que «cada vez que hay un cambio de Gobierno tenga lugar un espectáculo que debería llamar la atención, porque se produce incluso cuando no cambia el color del Gobierno», como es que decenas de directivos públicos son cesados «sin que esa decisión tenga nada que ver con su valía o con los resultados obtenidos».
«Es porque otros lo nombraron, por una pérdida de confianza. Y este criterio da lugar a nuevos nombramientos con el criterio de lealtad por encima de profesionalidad o conocimientos. Eso deteriora la calidad del servicio público. Es necesario compatibilizar el liderazgo del nivel político, que nadie discute, con la estabilidad y profesionalización de las administraciones públicas», ha concluido.