En España hay cerca de 180.000 creadores cuyos derechos por la copia privada de su trabajo están «en el limbo» desde que el Tribunal Supremo declaró nulo, el pasado mes de noviembre, el sistema por el que se les compensaba por ese concepto y «es muy probable» que no reciban nada hasta dentro de un año.
Según diferentes fuentes consultadas por EFE en el sector, pasar del canon digital de 2011 a que esa compensación se cargara en los Presupuestos Generales del Estado, con lo que todos pagaban por las copias privadas, las hicieran o no, ya supuso un quebranto para sus derechos pero ahora sin norma que les ampare, dicen, «va a ser aún peor».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya había fallado en junio que el sistema que había aprobado el Gobierno del PP violaba las normativas comunitarias, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo declaró en noviembre «nulo e inaplicable».
La reproducción de música, literatura o cine está prohibida si no la autorizan sus creadores pero sí está tolerada la copia para uso privado, sin fines comerciales, siempre y cuando sus autores intelectuales sean compensados por ello.
Sin regulación
El Gobierno prepara una norma que sustituya a la anulada por el Supremo, pero los creadores sospechan que como la consignación presupuestaria de lo que debían recibir en 2015 se ha cerrado en 2016 y ahora no hay ninguna regulación «no se va a pagar sin que medie una reclamación», es decir, «yo te expropio el derecho y no te pienso pagar».
Eso supone, afirman, que lo mismo sucederá con sus derechos de 2016: «con suerte veremos algo en enero de 2018.
Otra posibilidad, apuntan, es que en vez de canon digital se prohibiera hacer copias privadas, pero eso, además de «muy impopular», convertiría a España en el único país de la UE que lo persiguiera.
Lo que ha trascendido sobre la norma que lo regularía, dicen, es que volverá a ser la industria electrónica la que asuma esa compensación, pero barruntan que «harán lo que hicieron antes: repercutir en el precio final del reproductor o el soporte el coste, de forma que será de nuevo el consumidor el que pague todo».
«Cuando en 2011 se eliminó el canon digital, ninguna empresa tecnológica bajó sus productos a pesar de que los habían subido justamente por eso», recuerdan.
Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está ya trabajando en un borrador de cara al cambio normativo previsto para 2017, que «deberá consensuarse con otros ministerios», según informan a Efe fuentes de este ministerio.
«El objetivo -agrega el ministerio- pasa por lograr una regulación fruto del consenso, perdurable, ajustada a la normativa europea y que dé una solución de la mejor manera posible tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo este pasado mes de noviembre».
Según el borrador del Real Decreto que sustituiría a la norma que ha declarado ilegal el Supremo, y al que ha tenido acceso EFE, el nuevo «canon digital» se parece al que estuvo en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, la compensación a los autores por la copia de sus obras se cargará en los equipos, aparatos y soportes digitales (móviles, CDs o memorias), pero con algunas excepciones.
Quienes cuenten con autorización
Quedarán exceptuadas las copias realizadas por las Administraciones públicas para uso profesional, las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como «consumidores finales» y las realizadas por quienes cuenten con autorización.
Es decir, será la industria tecnológica la que tendrá que asumirlo y aplicar desde la que grabará los CD con 0,17 euros, las memorias USB con 0,30, los equipos o aparatos con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto con 127,7 euros y a los teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de audio y vídeo con 1,1.
Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual «deberán actuar» frente a los sujetos deudores en todo lo relativo a la percepción de esta compensación, que será «única y equitativa», según el citado borrador.
Ese borrador pasó la semana pasada desde Cultura a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y aún debe ser estudiado por la Oficina Económica de Moncloa y el ministerio de Economía, lo que hará «casi imposible» que la nueva norma se apruebe antes de tres o cuatro semanas.
Los creadores españoles consultados por EFE dan la bienvenida a este nuevo «canon digital» ya que, según el dibujante Antonio Fraguas «Forges», miembro de la Plataforma Seguir Creando, el anterior sistema era una «gilipollez» porque eran los «ciudadanos» quienes tenían que pagarlo «a través de impuestos».
«¿Quién tiene que pagar ese impuesto? Pues las empresas que se dedican o la venta de aparatos o al alquiler de aparatos», ha matizado este humorista gráfico que, según confiesa, percibió el año pasado 80 euros por ese concepto, mientras que hasta 2011 estaba cobrando 1.200 euros.
Desde el ámbito de la escritura, otro sector golpeado por las copias ilícitas de sus obras, la escritora Paula Izquierdo reconoce que «confía un poquito» en el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, por ser una «persona sensata» de la que espera que «rectifique» si se está «incumpliendo una ley europea».