La normativa en cuestión debía haber entrado en vigor el 19 de julio de 2010, pero España no ha dado ninguna respuesta satisfactoria, pese a que Bruselas ya abrió expediente en marzo.
La exigencia adopta la forma de un dictamen motivado, segundo paso de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión sostiene que la puesta en práctica de la directiva sobre interoperabilidad servirá para crear más competencia en los mercados nacionales y para que el tren pueda competir de forma más eficaz con otros modos de transporte.