La expulsión del hombre, identificado solamente como Sami A. según las leyes alemanas de privacidad, es «ilegal y viola los principios fundamentales del Estado de derecho», dictaminó el Tribunal Administrativo de la ciudad de Gelsenkirchen.
El deportado vivía en Bochum desde 1997 con su mujer y sus hijos. Fue arrestado a finales de junio después de ser identificado como una potencial amenaza terrorista y se encontraba en una prisión especial para futuros expulsados.
El hombre fue repatriado a primera hora del día a Túnez pese a una orden judicial que bloqueaba su expulsión por la falta de garantías del Gobierno tunecino de que A. no sería torturado a su regreso.